Lesmes defiende el proceso para sacar a concurso la plaza de Ruz

Las aguas bajan revueltas en el Consejo General del Poder Judicial a cuento de la decisión sobre el juez Pablo Ruz, instructor del caso de Francisco Correa y de la ‘caja B’ del PP. El presidente Carlos Lesmes se vio obligado a salir al paso ayer ante la petición formulada el pasado viernes por siete de los 20 vocales del gobierno de los jueces para que la situación de interinidad de Ruz se dirimiera en el Pleno, con la presencia de todos los consejeros, y no en la Comisión Permanente, el órgano ejecutivo integrado por sólo cinco vocales.

Lo hizo en una carta en la que responde precisamente a estos siete consejeros, seis nombrados por el PSOE y el designado por el PNV. Estos solicitaban que el concurso de traslado de magistrados para cubrir, entre otras plazas, los 38 juzgados que estaban en comisión de servicios (temporales), entre ellos en el que trabaja Ruz en la Audiencia Nacional, se sometiera a la citada aprobación de todos. El presidente Lesmes sacó la ley para contestarles y defender su decisión, ya que él forma parte también de la Permanente.

Recordatorio

En la misiva les recordó que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 599 cuáles son las materias que conoce el Pleno, y entre ellas no está la convocatoria de concursos de traslado, según señalaron fuentes del Consejo. Por el contrario, la referida comisión, cuyas resoluciones son ejecutivas y por lo tanto vinculantes, ve aquellos asuntos que no estén expresamente reservados a la presidencia y a las comisiones Disciplinarias, de Igualdad y Económica, según el artículo 602 de la citada norma.

El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que ha visto como el caso Ruz ha resquebrajado la unidad de acción del Consejo en su primer año de mandato, puso como ejemplo que la Permanente ha convocado 13 concursos de traslado y otros tres de promoción en este periodo y ha renovado 460 comisiones de servicio, tal y como ocurrió con el juzgado de Ruz el pasado junio.

«En ninguno de estos acuerdos se ha formulado petición similar a la de los siete vocales», afirma con cierta sorna Lesmes.