Diario de León

Interior pide a Europa saber dónde enviar a los ilegales

Fernández Díaz defiende las ‘devoluciones en caliente’.

Los diputados de Izquierda Plural se pusieron una mordaza en la boca durante el debate.

Los diputados de Izquierda Plural se pusieron una mordaza en la boca durante el debate.

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nuria vega | madrid
León

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Las polémicas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes ilegales tienen el camino allanado. El proyecto de ley de seguridad ciudadana viaja ya al Senado. Sólo con los votos del PP, el Gobierno reformará con esta fórmula la ley de Extranjería para permitir lo que en la práctica es ya un hecho en Ceuta y Melilla. El ministro del Interior defendió la figura de «rechazo en frontera» con la que las fuerzas de seguridad podrán devolver a Marruecos a todos los interceptados a pie de valla sin necesidad de procedimientos de identificación ni expedientes administrativos. Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Abogacía Española, decenas de ONG, colectivos y la Conferencia Episcopal han tratado de frenar la norma y ayer se toparon con la respuesta del ministro Jorge Fernández Díaz: «No acepto lecciones de humanitarismo por parte de nadie».

A «los despachos del norte de Europa», que no tienen problemas en las fronteras, se dirigió el titular de Interior para recordarles la imposibilidad de que España acoja a todos los que tratan de entrar sin papeles y el derecho del país a proteger su perímetro fronterizo y su «soberanía nacional». «Si me dan la dirección a la que a esa pobre gente, a esa gente, y lo digo con todo el respeto, la podemos trasladar y garantizan su manutención y que le dan trabajo, le aseguro que los enviamos, pero hay mucha hipocresía», aseguró en una entrevista en Antena 3. A su juicio, el problema humanitario de fondo no se resuelve «cogiendo» a los inmigrantes y «metiéndolos» en España. «El efecto llamada sería de tal magnitud que centenares de miles y miles de inmigrantes vendrían», concluyó.

El ministro adelantó la polémica que alcanzó su momento de ebulición en el pleno del Congreso. La oposición en bloque rechazó los argumentos del Ejecutivo y encabezados por el PSOE, todos se comprometieron a derogar la norma en el futuro. Lo relativo a la lucha contra la inmigración ilegal fue suficiente para que CIU, que había reclamado una ley de seguridad ciudadana nueva, rechazara por «escandaloso» el proyecto. Y de «innobles» se llegaron a tildar desde las filas del grupo mixto las declaraciones del ministro.

El texto modifica también el catálogo de faltas que los ciudadanos pueden cometer al manifestarse y es por esto que la norma ha sido rebautizada como ‘ley mordaza’. Se consideran infracciones, por ejemplo, las «faltas de respeto y consideración» a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la «perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas». El proyecto ha llegado matizado y suavizado respecto a su redacción inicial, pero que no se necesite un control judicial para sancionar este tipo de conductas es lo que ha puesto en pie de guerra a la oposición.

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