Trece jueces del Supremo exigen a Rajoy que cesen las injerencias del Gobierno
Trasladan su «desazón» por las críticas de Fernández Díaz a la excarcelación de etarras.
Carlos Lesmes ha sido el destinatario de la misiva.
Nunca había ocurrido hasta ahora. Trece magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo remitieron una carta al presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que interceda ante Mariano Rajoy para que cesen las injerencias de miembros del Ejecutivo en la labor de los jueces. En este caso, en las decisiones de excarcelar miembros de ETA.
Los firmantes de la misiva mostraron a Lesmes su «desazón» por las críticas a la judicatura del ministro del Interior, Jorge Fernández, tras las excarcelaciones de varios etarras por parte de la Audiencia Nacional a raíz de una sentencia anterior del Supremo que puso en libertad al terrorista arrepentido José Luis Urrusolo Sistiaga.
El texto lo firman nada menos que 13 de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal. Los magistrados son tanto progresistas como conservadores y rechazan sin miramientos las palabras de Fernández Díaz en una entrevista en el diario La Razón , del pasado 10 de diciembre, en la que critica con dureza estas actuaciones judiciales.
Se abstuvieron de suscribir el texto Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, de tendencia conservadora, y Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados de la moderada asociación Francisco de Vitoria. Firmaron la carta los progresistas Cándido Conde Pumpido, Joaquín Giménez, Alberto Jorge Barreiro, Luciano Varela, Perfecto Andrés, José Ramón Soriano, Juan Saavedra y Siro García Pérez, así como los conservadores José Manuel Maza, Juan Ramón Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Verdugo y Javier Delgado Barrio.
El titular de Interior consideró en el rotativo conservador que la excarcelación de ‘Santi Potros’, Alberto Plazaola, así como la de Carmen Guisasola, le parecían «lamentables desde todos los puntos de vista, también jurídicamente». Ante la pregunta de si los jueces estarían prevaricando respondió que si lo que hacían los jueces «lo hubiera hecho una autoridad política y administrativa quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación».
El titular de Interior apunta en la misma entrevista que «lo que no se puede hacer es un uso alternativo del derecho y a que sea tenida en cuenta (una determinada doctrina) solo cuando conviene en virtud de unos determinados criterios». Todo ello, resume Fernández Díaz, provoca una «falta de confianza» en las instituciones.
Los magistrados del Supremo no entran a valorar de forma expresa las declaraciones de Fernández Díaz, pero trasladan a Lesmes su preocupación por tales manifestaciones. Reclaman asimismo al presidente del Supremo que si comparte su punto de vista «lo haga saber al presidente del Gobierno, recabando de este la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos».
La carta de los jueces se produce apenas 24 horas después de que Rajoy protagonizara un intenso alegato en el Congreso a favor de la división de poderes, en el que adquirió el compromiso de que el Gobierno «le guste o no le guste» acatará la decisión que alcance el Supremo respecto a la forma de computar los años de cárcel cumplidos por los presos en otros países de la UE.