El tribunal superior catalán investiga si Artur Mas cometió delitos el 9-N
Los magistrados acumulan en una sola instrucción siete querellas y 25 denuncias.
Además de investirgar al presidente catalán, también lo harán con dos de sus consejeras.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigará si Artur Mas y dos de sus consejeras delinquieron al celebrar el pasado 9 de noviembre un sucedáneo de consulta soberanista pese a estar suspendida por orden del Tribunal Constitucional. El pleno de la Sala Civil y Penal acordó ayer admitir a trámite la querella interpuesta hace un mes por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por posible desobediencia y otros tres delitos más.
El tribunal admitió además otras seis querellas y 25 denuncias más, presentadas por asociaciones políticas, entidades sociales y ciudadanos a título personal en distintos juzgados el mismo 9-N, pero rechazó las que se dirigieron contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert; los miembros de la mesa de la cámara autonómica, Anna Simó, Lluís Corominas, Josep Rull y David Companyon; el consejero de Interior, Ramon Espadaler; el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.
El pleno decidió que todas las demandas se acumulen en un único procedimiento, el más antiguo, el que impulsó Manos Limpias. La instrucción judicial tratará de determinar si Mas y dos de sus colaboradores incurrieron en un delito de desobediencia de la resolución del 4 de noviembre del Constitucional al celebrar la votación y en otros como malversación o prevaricación. El magistrado encargado de la instrucción será Joan Manel Abril, quien recientemente procesó al exdirigente socialista Daniel Fernández por el ‘caso Mercurio’.
Las resoluciones con la admisión a trámite no se notificarán hasta el 8 de enero de 2015. A partir de entonces, se sabrá qué diligencias de investigación ordena el instructor y si cita a declarar a Mas, Ortega y Rigau, que en ese caso tendrían que acudir al interrogatorio como imputados. Los cuatro delitos que les atribuye la Fiscalía suponen penas de hasta un año de prisión y 18 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
El presidente de la Generalitat, antes de conocer la resolución, aseguro que «no se entiende» que lo lleven ante los tribunales por haber puesto las urnas y permitir que la gente votase, pero que respeta «plenamente» las decisiones del tribunal superior. Desde el Gobierno catalán sin embargo creen que se trata de una querella de carácter político y que todas las actuaciones del Ejecutivo catalán el 9-N fueron legales. La querella contra Mas se presentó el pasado 21 de noviembre rodeada de polémica y entre fuertes divisiones en el Ministerio Público, después de que la Fiscalía Superior de Cataluña se negara inicialmente a registrar la acción judicial por entender que no existían indicios de delito en la actuación de la Generalitat. Al final, la Fiscalía General del Estado ganó el pulso y obligó a rectificar a la de Cataluña que en su demanda atribuye a Mas y a sus dos subordinadas la comisión de cuatro delitos: desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
Acusa al Gobierno catalán de actuar con «arbitrariedad» al incumplir la suspensión ordenada por el Constitucional y de «sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho».