Andalucía ha recuperado 1,2 millones de los 118 que reclama por corrupción
La Junta pide un proceso exprés para agilizar judicialmente los procedimientos de reparación del dinero.
El Gobierno andaluz no escatima palabras a la hora de describir su esfuerzo para luchar contra la corrupción y, de paso, recuperar «hasta el último céntimo» el dinero defraudado en los grandes escándalos que instruyen los tribunales y que tienen su epicentro en la Consejería de Empleo. De hecho, hasta la presidenta Susana Díaz ha llegado a anunciar que esos fondos revertirían en un programa para contratación de jóvenes. Sin embargo, esos mensajes quedan en papel mojado cuando se trata de llevarlo a la práctica. Ya sea por desidia o lentitud burocrática, lo cierto es que apenas se recupera uno de cada 100 euros supuestamente defraudados.
Son datos aportados por el Ejecutivo andaluz en sus diferentes comparaciones parlamentarias, que cifran el montante total de lo defraudado en 118 millones de euros. De momento, porque en esta cifra se enmarcan el caso de los ERE fraudulentos, las subvenciones supuestamente desviadas por UGT a gastos internos y el fraude en los cursos de formación, donde todavía no se ha terminado la revisión de los expedientes. No se incluyen los 50 millones en subvenciones ilegales que se dieron a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para cursos de formación a parados, según señaló la Cámara de Cuentas.
En el caso de los ERE fraudulentos, y tras analizar el 90% de las ayudas concedidas, la cantidad que la Junta -con el aval del Consejo Consultivo de Andalucía- reclama a empresas y ayuntamientos en concepto de ayudas directas dadas de forma ilegal entre 2001 y 2010 asciende a 71 millones. Aunque la Junta llegó a decir que se habían recuperado ya seis millones, lo cierto es que el consejero de Economía solo ha confirmado en comisión parlamentaria la devolución de 1,2 millones en periodo voluntario, el único reintegro formalizado. Otros 22 millones están «en providencia de apremio» y «una parte importante suspendidos o paralizados cautelarmente en distintas instancias judiciales».
La consejera de Hacienda ha llegado a reclamar mayor cooperación de la Agencia Tributaria e incluso un mecanismo exprés que permita agilizar procedimientos judiciales que se eternizan y recuperar lo antes posible el dinero presuntamente defraudado de las arcas públicas. Sin embargo, desde el PP-A subrayan la falta de voluntad política para recobrar este dinero «que iba destinado a los desempleados andaluces».