En busca de contratos de la red Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mandó este jueves a la Guardia Civil a la Comunidad de Madrid para entregar un requerimiento en el que reclamaba información sobre los contratos firmados por la Consejería de Presidencia con dos imputados en la trama Púnica, el empresario Alejandro de Pedro y el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, según fuentes judiciales.

El requerimiento del titular del Juzgado Central de Instrucción seis se hizo a través de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga desde el principio esta red de contratos públicos, ‘mordidas’ (pagos en negro) y tráfico de influencias en ayuntamientos madrileños, la Diputación de León y en el Gobierno de Murcia. Por esta causa está en prisión preventiva desde primeros noviembre el que fuera secretario general del PP de Madrid, ex senador y ex consejero Francisco Granados, estrecho colaborador de Esperanza Aguirre.

La diligencia se dirigió a la Consejería de Presidencia y a los departamentos de Comunicación, Contratación e Informática. La razón son los presuntos vínculos del consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad, Salvador Victoria, con el empresario De Pedro. La UCO reclamó los contratos de imagen firmados por el departamento de Victoria, ‘mano derecha’ del presidente madrileño, Ignacio González, aseguraron fuentes judiciales.

Aunque desde la Comunidad de Madrid se aseguró que el requerimiento fue cumplido, fuentes de la investigación señalaron que la Consejería se comprometió a mandar al juzgado esos documentos en una semana. Además de las actividades de De Pedro, el magistrado investiga los contratos sobre ‘reputación on line’ (servicio para mejorar la imagen en Internet) que habría firmado una empresa de Alonso Conesa. Un extremo que negó ayer el ex diputado socialista, que aseguró que solo tuvo relación mercantil con instituciones murcianas. No obstante, la causa sigue bajo secreto.

Entre los clientes del empresario De Pedro entre 2004 y 2013 también se encontraba el Ayuntamiento de Valdemoro, cuyo ex alcalde José Carlos Boza también está imputado y del que también fue regidor el propio Granados. De Pedro abandonó la prisión el 24 de diciembre tras abonar una fianza de 50.000 euros. También se le relaciona con el ex presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, por unos contratos en la estación de esquí de San Isidro.