El Gobierno y el PSOE se quedan solos en la firma del pacto antiterrorista

El Gobierno y el PSOE no han conseguido sumar a los principales grupos parlamentarios al pacto antiterrorista. «Si el PP y el PSOE necesitan hacerse una foto juntos, que se la hagan; no somos acompañantes mudos», se descolgó Rosa Díez, molesta ante un acuerdo que se ha fraguado entre las dos partes. Ni UPyD ni la Izquierda Plural ni CIU ni el PNV estamparán su firma en la proposición de ley que populares y socialistas ultiman para modificar el Código Penal y hacer frente a la amenaza del yihadismo. Tan sólo cuatro diputados, los pertenecientes a Foro Asturias, UPN y Coalición Canaria, suscribirán junto a populares y socialistas el acuerdo.

Más allá de las diferencias de fondo, son las formas las que han molestado a las fuerzas políticas. Ninguna se opondrá a la tramitación parlamentaria de esta reforma, y, de hecho, presentarán enmiendas para tratar de mejorar el texto, pero no habrá pacto. «Hemos sido invitados a una mesa con los platos precocinados», denunció el líder de IU, Cayo Lara. La Izquierda Plural no ha llegado a reunirse con el Ejecutivo en la ronda de contactos del Congreso de los Diputados. «No pudimos asistir la semana pasada y aún estamos a la espera de que respondan a nuestra petición», lamentaban ayer fuentes del grupo parlamentario. CIU y PNV, por su parte, ya habían anunciado que no irán de la mano de PP y PSOE.

El secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, confía en hablar a lo largo del día de hoy con el presidente del Gobierno para «cerrar los últimos flecos», y está previsto, según ambas partes, que el lunes se registre la proposición de ley en el Parlamento. El Ejecutivo y los socialistas ayer todavía intercambiaban papeles. Quedaban por resolver algunas cuestiones técnicas.

El PSOE ha conseguido que en el documento que sellará no aparezca la expresión ‘prisión permanente revisable’, el principal escollo con el que se topó al recibir la propuesta inicial del PP. Los delitos de terrorismo, cuando causen muerte, se castigarán con lo que, a juicio de los socialistas, supone una «cadena perpetua», pero en el texto no vendrá especificado. Tan sólo se plasmará una remisión al «artículo 35 del Código Penal» que sí contempla este castigo. Se trata de una treta lingüística que sirve a unos y otros para encontrarse a medio camino.

«Era necesario que las dos grandes fuerzas políticas nos pusiéramos de acuerdo», defendió el titular de Interior desde la cumbre de ministros de la UE en Riga. Jorge Fernández Díaz subrayó, además, que no se trata de una «fórmula meramente estética».