PP y PSOE sellan un pacto antiterrorista contra ‘lobos solitarios’ y yihadistas

Un acuerdo contra el terrorismo yihadista 2.0., tal y como lo definen los responsables del Ministerio del Interior. El pacto alcanzado ayer entre el Partido Popular y el Partido Socialista tiene un objetivo prioritario: protegerse de los nuevos muyahidines nacidos y criados a la sombra de internet. Neutralizar o, al menos, reducir el peligro de los ‘lobos solitarios’ y de los yihadistas captados en las redes y que vuelven a casa para traer la ‘guerra santa’. Un fenómeno criminal totalmente nuevo y que poco o nada tiene que ver con el terrorismo ‘convencional’ de bandas como ETA o los Grapo.

Desde el preámbulo, el pacto, aunque se presenta como heredero de los de acuerdos de Madrid de 1987 o Ajuria Enea de 1988, deja claro que todo ha cambiado desde entonces y que ahora la amenaza son los «actores solitarios» y los «combatientes terroristas retornados». La apuesta principal de los dos grandes partidos es la alianza para impulsar juntos el Código Penal a fin de dotar a los jueces de más y mejores herramientas para perseguir a los nuevos terroristas. Por lo pronto, la proposición de ley orgánica, que estará abierta al resto de fuerzas, recoge que la necesidad de tipificar como terrorismo cualquier actuación de estos activistas «con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo u organización terrorista». Bastará que el ‘lobo solitario’ tenga como «finalidad» provocar «un estado de terror en la población» para que se le considere terrorista.

La lucha contra los retornados también pasará por la reforma del Código Penal. PP y PSOE promoverán que se castigue directamente como «terrorismo» el mero hecho de «desplazarse al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella», al margen de las actividades que el activista lleve a cabo en esos lugares. Este asunto ha sido motivo de intenso debate jurídico porque en un principio la intención del Ejecutivo era penar la participación en guerras extranjeras, con independencia del bando o la adscripción.

La batalla a la yihad en internet es quizás, la menos madura. Interior sigue con preocupación el hecho de que el 80% de los terroristas islamistas detenidos en España se hubiera autoradicalizado a través de foros y redes sociales, pero la solución legal no es fácil. El acuerdo se limita a afirmar que la reforma penal también «contemplará» las «conductas propias de las nuevas formas de terrorismo», especialmente en aspectos como la captación y el adiestramiento de terroristas, incluido el «adiestramiento pasivo» (la autoradicalización), «el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas». Según reconocen fuentes del Gobierno, el proselitismo islamista en internet no es un problema si el delincuente se encuentra en España, pues ya existen fórmulas penales para perseguirlo. El problema es cómo castigar el mero hecho de consultar, que no distribuir, propaganda de grupos como Estado Islámico o Al-Qaida.

Otros ejes

La batería de reforma del Código Penal es el vértice técnico del acuerdo, pero no es el único eje de este nuevo pacto antiterrorista, en el que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez también se comprometen a que los delitos de terrorismo se castiguen siempre como «la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal». Es la fórmula escogida para soslayar la negativa del PSOE a respaldar la prisión permanente revisable, el gran escollo de la negociación.

Los dos grandes partidos, aunque de manera poco concreta, también dicen estar dispuestos a reformar juntos y gobierne quien gobierne la Ley de Enjuiciamiento Criminal para «actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo». Afirma el documento que el objetivo de esas modificaciones debe ser siempre «fortalecer las garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía y la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo».

En este sentido el secretario general del PSOE anunció que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional la prisión permanente revisable introducida por el PP en el nuevo Código Penal. Sánchez confirmó este recurso en un mensaje en la red social Twitter después de firmar el pacto de Estado contra el terrorismo yihadista con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa.

Hay igualmente acuerdo en la cuestión económica. Esto es, no escatimar en recursos «ni humanos ni materiales» para que las fuerzas de seguridad, los jueces y fiscales y los servicios de Inteligencia sean cada vez más efectivos en la lucha antiyihadista.

Desde los atentados del 11M en 2004, el número de agentes dedicados al terrorismo islamista se ha multiplicado por 20. Cerca de 3.000 efectivos dedicados día y noche a la amenaza yihadista, un número que, no obstante, «nunca es suficiente».

El último de los flecos incluidos en el acuerdo es, en realidad, parte del Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta aprobado el pasado viernes por el Gobierno y que implica «poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas». El pacto ya está en marcha.