Hacienda atribuye a los arquitectos el fraude en las obras de la sede del PP

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, apuntó ayer a «los arquitectos» que reformaron la sede central del Partido Popular, en la calle Génova 13 de Madrid, como los presuntos autores de los delitos fiscales detectados en la investigación de la caja B del PP, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El número dos del ministro Cristóbal Montoro contestó sobre la causa judicial en un desayuno informativo organizado por el Foro Aragonex. No es habitual que esto ocurra, pero Ferre respondió a una pregunta sobre el caso y defendió a los funcionarios de la Agencia Tributaria asignados al proceso, quienes trabajan «con plena independencia para el juez» y sin interferencias políticas del Gobierno, dijo.

Eso sí, el secretario de Estado quiso delimitar la responsabilidad del fraude en el pago de las obra a los responsables de Unifica, la empresa que remodeló el edificio, y no al PP como persona jurídica. Se trata del arquitecto Gonzalo Urquijo y de Belén Suárez, que están imputados en la causa de la caja B que manejaban los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, según ha reiterado el juez Ruz.

Precisamente, el instructor, que estima que salieron 1,7 millones de la ‘caja B’ para Unifica, el 30% del total de la obra, emitió una providencia el lunes en la que ofreció a Hacienda personarse como perjudicado en el procedimiento. Lo hizo después de confirmar que hubo delito fiscal, como había venido apuntando la investigación desde junio.

Ahora, la decisión final de personarse depende únicamente de la Agencia Tributaria, que de forma inmediata debería de responder a la Abogacía del Estado —el cuerpo de letrados que prestan asistencia jurídica a la Administración— para que tome o no cartas en el asunto, según señalaron fuentes jurídicas. Así, la Abogacía actuará en virtud de lo que le comunique la Agencia Tributaria y no al revés, puntualizaron dichas fuentes.

Mientras se resuelve este trámite, desde la dirección del PP prefirieron no pronunciarse sobre el delito fiscal hasta conocer el informe de la Agencia Tributaria. Aún así, el portavoz parlamentario respondió que la sospecha del fraude «no mueve nada». Rafael Hernando volvió a insistir en que «no hay dinero negro» en el partido y en que si existió una contabilidad opaca era responsabilidad exclusiva del extesorero Luis Bárcenas. La misma línea argumental que defiende con firmeza la dirección del partido.

«La caja B, lo digo, lo he dicho y lo repetiré, porque ya van 34 veces que me preguntan por este asunto, es de Bárcenas y su administración corresponde a ese señor», concluyó Hernando, que hace una semana tuvo un enfrentamiento verbal con él tras salir de prisión. «Barcenas está en un delirio personal», espetó Hernando. «Lo suyo es un problema de cabeza», le respondió Bárcenas.

El PSOE, por su parte, interpretó ayer que si Hacienda ha detectado irregularidades en la remodelación de la sede el PP se produce la paradoja de que «Rajoy está actuando contra el señor Rajoy» si al final Hacienda decide personarse contra el partido. «Ésta es la paradójica situación de la política española, ¿quién de los dos asumirá alguna responsabilidad política, o por qué no los dos?», ironizó el secretario general, Pedro Sánchez.