Los peritos reafirman los pagos en negro

Los dos peritos de la Agencia Tributaria que trabajan en la causa de la ‘caja B’ del Partido Popular ratificaron ayer ante el juez instructor, Pablo Ruz, que las obras en la sede central se pagaron con 1,71 millones de euros en dinero negro, el 30% del total de la reforma, aunque únicamente podría atribuirse delito fiscal a la empresa que desarrolló los trabajos y no al PP, según fuentes jurídicas.

Durante casi cuatro horas, los expertos reafirmaron las principales conclusiones de sus informes y confirmaron que el estudio de arquitectura que llevó a cabo estos trabajos, Unifica Servicios Integrales, cometió cuatro delitos fiscales relativos al Impuesto de Sociedades de 2006 y 2007 y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2009 y 2010.

Delito fiscal

En estos casos la sociedad dirigida por Gonzalo Urquijo «habría dejado de ingresar» unas cuotas que «superan los 120.000 euros», límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal.

Según las citadas fuentes, los peritos no se han pronunciado sobre si el PP podría haber actuado como cooperador o colaborador necesario de estos delitos. La formación no habría cometido delito, además, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no afectaba en el momento de los hechos a los partidos políticos. La figura se introdujo en 2010.

En otro momento de los interrogatorios, los expertos señalaron que el PP no estaba obligado a tributar por los 7,5 millones en donaciones que habría recibido entre 1990 y 2008, según la contabilidad secreta del ex tesorero Luis Bárcenas, porque se habrían destinado a fines propios del partido, lo que, según la legislación, les eximiría de tributación.

De igual modo, los peritos admitieron que los descuadres entre los pagos anotados por Bárcenas y los cobros realizados por Unifica podrían deberse a la existencia de más proveedores en las obras realizadas en la sede del PP.