Encausan al presidente de Melilla por contratar a dedo a un abogado
El Supremo decidirá sobre un presunto delito de prevaricación.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
Juan José Imbroda, presidente de Melilla y senador del Partido Popular desde 2000, se enfrenta a entre siete y diez meses de inhabilitación después de que el Tribunal Supremo le abrió ayer una causa por un delito de prevaricación por la contratación a dedo de un abogado para su asesoría jurídica.
La Sala Segunda de lo Penal considera que, en virtud del informe favorable de la Fiscalía del alto tribunal, los hechos investigados revisten carácter delictivo y nombró al magistrado Francisco Monterde instructor del procedimiento penal. Lo más inmediato será la citación de Imbroda para declarar en calidad de imputado.
El tribunal compuesto por cinco magistrados, y presidido por Manuel Marchena, recoge la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción dos de Melilla sobre Juan José Imbroda, al tratarse de un aforado nacional por su condición de senador. El escrito detalla la responsabilidad del presidente autonómico en la contratación del abogado melillense Juan José Olivares «como letrado externo para la dirección técnica de diversos procedimientos judiciales derivados de los despidos y bajas incentivadas en la Cooperativa de Trabajo» de Melilla.
Imbroda firmó un poder notarial en abril de 2001 para darle el trabajo a Olivares, una prueba concluyente sobre la conexión material «inescindible» entre ambos acusados. Por esta asesoría, el letrado recibió 357.000 euros del Gobierno local y se hizo sin las normas y procedimientos de contratación administrativa exigibles, como el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
La Fiscalía, en su informe favorable a la admisión de octubre pasado, aseguró que «existen bastantes indicios» de la comisión de un delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal). No obstante, el Ministerio Público no apreció los indicios de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, penados también con inhabilitación, que sí apreció el juez de Melilla en su exposición razonada enviada al Supremo.
El delito de prevaricación se refiere a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictase una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Poco después de conocerse su encausamiento, Imbroda afirmó que está «deseando» acudir al Supremo para aclarar los hechos. «Acabo de leer que me han abierto un proceso por un problema de prevaricación, creo. Me pongo a la disposición del Supremo para ir cuanto antes y que me pregunten», dijo durante una visita oficial a Ceuta.