El juez pide investigar a Zarrías y Moreno
El instructor del Tribunal Supremo quiere conocer la responsabilidad de los ex consejeros en la concesión de las ayudas en el denominado caso de los ERE .
El instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo por el caso de los ERE fraudulentos ordenó ayer al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil una investigación sobre dos de los aforados, Mar Moreno y Gaspar Zarrías, centrada en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía y que puedan estar relacionados con los hechos investigados.
El magistrado de la Sala Penal Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa que se sigue en el Supremo contra cinco personas aforadas por este caso, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dictó una providencia en la que indica que, a tenor de los datos sobre Moreno y Zarrías recogidos en las actuaciones de la causa principal, remitida al alto tribunal por la juez Mercedes Alaya, procede dirigir un oficio a la Guardia Civil para que realice una investigación sobre su papel en los hechos investigados.
Actividades
En concreto, la diligencia «se centra en constatar cuáles son las actividades realizadas por éstos en el ámbito de la Junta o en cualquier otro cargo público que estuviera relacionado con los hechos presuntamente delictivos que aquí se investigan; es decir, con la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de Andalucía, así como a personas físicas, en el periodo comprendido entre 2002 y 2012».
El juez pide a los agentes que atiendan, fundamentalmente, al periodo de tiempo en que Moreno desempeñó el cargo de consejera de Presidencia en el Gobierno de Andalucía y añadió, a este respecto, que deberá ser informado sobre qué resoluciones, en su caso, dictó en relación a los hechos investigados; los actos en que intervino relativos a su ejecución y actuaciones a las que aparece directamente vinculada que tuvieran alguna repercusión en el menoscabo patrimonial del erario público.
El oficio del juez es la primera diligencia que realiza antes de decidir si imputa y cita a declarar a los cinco aforados, tal y como le habían reclamado éstos.