Blesa dispuso la barra libre para gastar con las tarjetas B de Caja Madrid

Miguel Blesa quería tener a su cúpula en Caja Madrid contenta y, sobre todo, fiel a su peculiar forma de manejar la entidad de ahorros entre 1996 y 2009. Así, al menos, se desprende de lo escuchado este lunes en la primera tanda de interrogatorios a los 79 beneficiarios de las polémicas tarjetas Black con las que se dilapidaron 15,2 millones de euros en Caja Madrid, sobre todo, y Bankia entre, al menos, 2003 y 2012.

Sin contar a las tres personas a las que el juez del caso Bankia, Fernando Andreu, considera los principales responsables de esos abusos —el citado Blesa, su sucesor Rodrigo Rato y el ex ‘número dos’ de ambos, Ildefonso Sánchez Barcoj—, era la primera vez que se conocía de primera mano la versión de quienes gozaron del privilegio de esas tarjetas. Y un argumento común se sucedió en casi todos: esas ‘Visa Business Oro’ y ‘Plata’ estaban limitadas en un principio a verdaderos gastos de empresa, como figura en varias actas del consejo.

Así se desprende de lo dicho por ocho de los 10 beneficiarios que comparecieron como imputados por un delito alternativo de administración desleal o apropiación indebida —aún se debe dilucidar el concepto—, todos ex miembros del órgano de administración de Caja Madrid. Según ellos, con la llegada de Blesa a la jefatura hubo un cambio en la naturaleza de su uso, de modo que la «prudencia» con la que se empleaban en la época anterior presidida por Jaime Terceiro mudó en una «gran flexibilidad», prácticamente una barra libre.

Se generalizaron entonces los gastos personales —explicaron a preguntas del juez—, no se les pidieron mayores explicaciones y únicamente se les habló de unos topes cuantitativos, «mensuales y anuales». Y en ocasiones los superaron, aunque ello no generó problemas especiales.

Es más, desde la dirección de la entidad incluso se les instaba a un cierto despilfarro. Así lo admitió el exconsejero y sindicalista de CC OO Pedro Bedía (gastó 78.200 euros con la tarjeta), quien recibió «varias llamadas donde me animaban a usarla más». Su interlocutor era Enrique de la Torre, secretario del consejo con Blesa y estrecho colaborador de éste.

Hubo, no obstante, algunas diferencias en sus declaraciones aún compartiendo la línea argumental general. Así, Juan José Azcona (99.300 euros), otro ex miembro de CC OO, señaló que no apreció cambios en el uso de la tarjeta. Claro que él, según fuentes jurídicas, declaró que siempre tuvo clara la política de «moderación en el gasto» que se le pidió en la época de Terceiro y que nadie le vino a contradecir después.

Azcona fue precisamente una de las cuatro personas, junto al ex dirigente de CC OO Rodolfo Benito (140.600 euros), el exsindicalista de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700 euros) y el representante de Unipyme Guillermo Marcos (133.600 euros), a quienes la Fiscalía Anticorrupción no solicitó fianzas civiles para cubrir sus responsabilidades pecuniarias.

Para el resto sí reclamó esa medida pecuniaria de forma cautelar conforme al dinero dispuesto por cada uno. Se trata del exdirigente de IU José Antonio Moral Santín (456.500 euros), el ex secretario general Ignacio de Navasqües (195.000 euros), el ex diputado regional del PSOE Ramón Espinar (178.400 euros), el ex alcalde socialista de Móstoles José María Arteta (139.000 euros), el ex presidente de la Ceoe Gerardo Díaz Ferrán (94.000 euros) —el único que se negó a declarar ayer— y el referido Bedía.

El juez decidirá una vez concluya esta ronda de declaraciones.

Rodrigo Rato

La Audiencia Nacional ha rechazado el ingreso en prisión incondicional de Rodrigo Rato, pedido por la acusación popular de UPyD. A su juicio, es «evidente» que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas por parte del ex político metido a financiero, pese a sus viajes al extranjero. Los magistrados sostienen que los indicios delictivos que pesan sobre él, imputado por la salida irregular a Bolsa de Bankia y las tarjetas ‘B’, no son «suficientes» para acordar una medida «tan gravosa».