Investigan a jueces de Madrid por recibir sobresueldos
El Poder Judicial indaga en los pagos realizados por Indra .
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira.
El Consejo General del Poder Judicial abrió ayer una investigación para aclarar si 32 juristas de Madrid, entre ellos jueces y fiscales, incurrieron en incompatibilidad al cobrar unas primas de 200.000 euros por unos trabajos de asesoramiento a la Comunidad de Madrid pagados por la empresa privada Indra. Se trata de una herramienta informática puesta en marcha en decanatos y órganos judiciales desde 2010.
El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo, instructor de las investigaciones a los jueces, tomará declaración hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, para que aclare el trabajo y los pagos. La decisión se produce después de que Vieira haya informado de que la Comunidad solicitó la colaboración de jueces y magistrados, además de otro personal de la administración de justicia, para el desarrollo de esta herramienta y que entendió que esa actividad no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del Consejo.
El régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados está regulado en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Prohíbe de forma expresa a los togados cobrar de una empresa privada salvo en los casos justificados de trabajos de docencia y producción jurídica. Es en este capítulo donde el presidente Vieira enmarca el cobro de los trabajos de asesoramiento investigados ahora.
El sindicato de funcionarios CSIF reclamó ayer al Gobierno de Ignacio González que informe de las partidas presupuestarias destinadas a esos pagos. El colectivo consideró «intolerable» que la Administración lleve a cabo estas actuaciones «al margen» de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Justicia y que seleccione al personal que colabora en el plan «sin la debida publicidad».
Protesta de CSIF
CSIF remitió una carta a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en la que tacha de «lamentable» lo ocurrido y en la que censura que en el plan colaboren solo «funcionarios de categorías superiores que no son los usuarios de estas herramientas» en lugar de «todos los operadores jurídicos».
El Gobierno de la Comunidad de Madrid negó que se paguen primas periódicas a los jueces y otros empleados judiciales por asesorar o participar en el desarrollo de nuevas aplicaciones y aseguró que el concurso lo ganó la empresa Indra a cambio de una cantidad económica.