El PSOE impugnará ante el Constitucional la prisión permanente y la ‘ley mordaza’
Denunciará que la nueva pena implanta la cadena perpetua y que la otra norma busca «criminalizar la disidencia».
Los socialistas no esperaron ni 24 horas desde la aprobación por el Congreso, con los únicos votos del PP y el rechazo unánime de la oposición, de la reforma del Código Penal que implanta la prisión permanente revisable y la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, para anunciar que acudirán de inmediato al Tribunal Constitucional. Quieren pedir su nulidad e impedir su entrada en vigor por considerar que incluyen múltiples preceptos que son ilegales y achican la democracia, porque vulneran los derechos fundamentales y lo dispuesto en otros artículos de la Carta Magna.
Los socialistas tienen intención de presentar los recursos de inconstitucionalidad en dos o tres semanas y adelantaron que, en los próximos días, iniciarán contactos con el resto de los grupos de la oposición, que coinciden en que ambas reformas violan múltiples aspectos de la Constitución, para tratar de que las impugnaciones sean corales y lleven la firma de todos los partidos y no solo del PSOE. También darán la oportunidad de incluir sus alegaciones en los escritos a numerosas organizaciones de derechos humanos, asociaciones, ONG e incluso a departamentos de la ONU.
La impugnación es la única medida que la oposición puede utilizar en este momento para intentar frenar unas leyes aprobadas gracias a la mayoría absoluta del PP, pero todo el resto de partidos del arco parlamentario se confabuló durante la tramitación para anular las reformas tras las próximas elecciones generales cuando, gobierne quien gobierne, el actual bloque opositor sumará con alta probabilidad la mayoría.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, justificó ayer el recurso contra el nuevo Código Penal porque cree que la prisión permanente revisable no es más que un eufemismo legal que esconde la cadena perpetua.
De igual forma, indicó que la finalidad de la ley de Seguridad Ciudadana no es otra que la de «desalentar la protesta y la disidencia legítima de los ciudadanos que se quejan contra las medidas o políticas que adopta el Ejecutivo». Se trata, concluirá el recurso, de un intento de «criminalizar la disidencia».