PP y PSOE se olvidan de recuperar el recurso previo para los estatutos
La ley que pretendía evitar otro escándalo como el del Estatut lleva un año aparcada.
Los líderes de PP y PSOE, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
PP y PSOE han olvidado su promesa de recuperar en esta legislatura el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, el instrumento con el que pretendían, según sus propias palabras, evitar que en España se repitiese otro «choque de legitimidades» como el vivido en 2010, cuando el Tribunal Constitucional anuló una parte importante del Estatut, que había sido aprobado cuatro años antes por las Cortes y refrendado por la mayoría de los catalanes en referéndum.
Ambas formaciones tienen abandonadas desde hace más de un año en un cajón de la Comisión Constitucional las iniciativas que pusieron en marcha para el retorno de este instrumento al ordenamiento jurídico. Las posibilidades de que intenten aún su aprobación en los escasos meses que restan a la legislatura, salpicados de sucesivos procesos electorales, son mínimas, según las fuentes consultadas. Los populares es evidente que no tienen gran interés, tras trece meses de abandono, pero es que, además, el PSOE no tiene ya previsto suscribir más acuerdos políticos con el PP. Tras varios amagos, su único acuerdo de la legislatura fue el pacto antiyihadista; una excepción justificada por la unidad antiterrorista. El PP podría aprobar la reforma solo con su mayoría, pero este tipo de cambios legales, por su relevancia, se inscriben normalmente entre los que requieren del consenso de las dos grandes fuerzas.
El actual abandono contrasta con lo sucedido a comienzos de 2014. Los dos partidos mayoritarios sorprendieron al resto de grupos del Congreso al registrar al unísono sendas proposiciones de ley, casi idénticas, con las que querían recuperar con toda urgencia este recurso previo, derogado en 1985 por Felipe González por haberse convertido en un arma política con el que la oposición bloqueaba de forma sistemática toda ley orgánica aprobada por el Gobierno.
La recuperación buscaba permitir que el Constitucional pudiese revisar las reformas de estatutos aprobados por el Congreso y el Senado, siempre que existiesen dudas de legalidad, antes de que entrasen en vigor con la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes, de forma general, o con la celebración de un referéndum para los casos de País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Valencia.
Establecer, en definitiva, un sistema no traumático por el que la corte de garantías dictaminase si los textos se ajustaban o no a la Constitución antes de su entrada en vigor, lo que permitiría introducir, si era preciso, las modificaciones necesarias antes de su salida definitiva del Congreso. Evitar, así, el choque de trenes entre los dictados del tribunal, de las instituciones políticas y de la soberanía popular que está garantizado en la actualidad con el recurso ordinario, que solo permite impugnar estatutos en vigor, ya avalados por las cámaras y los ciudadanos, parte de cuyo contenido puede ser desautorizado meses o años después.