«Soy un maestro sin formación jurídica, confiaba en mis subordinados»

El ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, abrió ayer la ronda de declaraciones en el Tribunal Supremo por el caso de los ERE fraudulentos. El diputado socialista fue interrogado durante cerca de tres horas por el juez instructor y los fiscales. La conclusión es que él no conocía el sistema presupuestario de las ayudas investigadas, primero porque no le competía conocer estos pormenores y segundo porque debido a su formación no tenía las nociones necesarias y confiaba «plenamente» en sus subordinados.

«Yo soy maestro de profesión y no tengo formación jurídica como para adentrarme en el recorrido de los instrumentos presupuestarios, confiaba plenamente en mis subordinados», admitió el que fuera secretario general del PSOE en Sevilla hasta 2012, según la declaración textual ante el juez.

Esta forma tan gráfica de Viera de desmarcarse de un sistema de ayudas «erróneo, inadecuado, que eludió el trámite legal establecido para su otorgamiento y evitó su fiscalización previa», según la juez de Sevilla Mercedes Alaya y la Intervención General de la Administración del Estado, fue explicado también por el imputado con otra frase redonda: «No fue una cuestión de ocultar sino de arreglar el problema en cuanto surgía, no era un sistema para ocultar nada».

Firma y transferencias

Se refería Viera a que él firmó en 2001, como consejero de Empleo, el convenio que daba cobertura al método de concesión de subvenciones para empresas en crisis, con expedientes de regulación de empleo y trabajadores prejubilados. Sin embargo, aseguró, las transferencias financieras de estas ayudas -850,3 millones entre 2001 y 2010, aunque el declarante solo fue consejero hasta 2004- eran competencia de la Dirección General de Trabajo.

Viera afirmó al juez que «desconocía la sistemática económico-contable del IFA (Instituto de Fomento Andaluz)» y que su papel era «eminentemente político».

El juez Alberto Jorge Barreiro leyó una lista de 26 empresas y le preguntó si había ordenado las ayudas, y Viera dijo que no.