Chaves matiza a Griñán que «si hubo fraude en los ERE lo dirán los jueces»

Las diferencias políticas y personales entre Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dos antiguos pesos pesados del PSOE que hoy son parlamentarios rasos, se hicieron más patentes que nunca este martes en el Tribunal Supremo. Y como no, en el centro de la discrepancia está un asunto movedizo para ambos imputados, la percepción de cada uno sobre la consumación de los ERE fraudulentos de Andalucía.

El pasado jueves Griñán, expresidente andaluz entre 2009 y 2013, admitió sin ambages tras concluir su prolija declaración que en el caso de los ERE «no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude». Una frase que llamó poderosamente la atención por su contundencia. Cinco días después y en el mismo lugar, Chaves, su otrora amigo desde la facultad de Derecho, la persona que le llevó a Madrid en los noventa y quien le designó en 2009 como sucesor en el palacio de San Telmo, no solo no asumió las palabras del primero sino que se distanció hasta el extremo del «gran fraude» de Griñán.

«Si hubo alguna persona que utilizó fraudulentamente los fondos, serán los jueces y los tribunales de Justicia quienes determinen si las acciones individuales de esas personas causaron un fraude o no y si el fraude fue pequeño o grande», afirmó este martes Chaves a las puertas del Supremo.

Es decir, ambos coincidieron en que no «hubo un gran plan» concertado para delinquir, como considera de forma indiciaria la juez de Sevilla Mercedes Alaya, sino actuaciones individuales. Sin embargo, la diferencia de peso entre ambas percepciones fue el tamaño de la estafa producida entre 2000 y 2012, periodo en el que se aprobaron y ejecutaron las ayudas sociolaborales a empresas en crisis y trabajadores prejubilados. Casi nada.

En ese punto residió la divergencia entre Chaves y Griñán. Discrepancia, eso sí, enmarcada en la responsabilidad política del asunto, algo que Griñán cree que ya ha hecho con la dimisión como presidente de la Junta en 2013. Porque en la parte importante, la responsabilidad penal que se dirime en el Supremo, las versiones de ambos aforados sí tuvieron aspectos en común y compartieron la defensa de su inocencia, de que nunca fueron informados de ninguna ilegalidad y de que el sistema presupuestario de ayudas aprobado por la Junta fue un mecanismo legal y necesario por la situación de crisis sociolaboral.

Así, tras cerca se tres horas de declaración ante el juez Alberto Jorge Barreiro, que investiga la presunta prevaricación y malversación, Chaves afirmó que «nunca, jamás, se ha adoptado en el Consejo de Gobierno (de la Junta) ninguna decisión ilegal. Ni se ha conocido ni se ha mantenido ni se ha impulsado ninguna ilegalidad, cualquier decisión política o normativa siempre estuvo basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios». Asimismo, el expresidente andaluz entre 1990 y 2009 defendió «que las ayudas recogidas en los presupuestos tuvieron un efecto positivo para los trabajadores. Estaban basadas en los acuerdos firmados con los sindicatos y las organizaciones empresariales». Una tesis similar a la de su sustituto Griñán. Chaves dijo que no conoció el procedimiento ahora investigado, el convenio marco de 2001 que aprobaba el Programa 31L, hasta que preparó su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento.