La bronca abre las sesiones del Parlamento de Andalucía

El rifirrafe de PSOE y PP en el Parlamento andaluz para sacar adelante la composición de la Mesa de la Cámara, y la actitud del resto de partidos como meros espectadores evidenció que los pactos se cotizarán caros en la décima legislatura autonómica. Y que la investidura de la presidenta Susana Díaz, cuya primera votación deberá convocarse en quince días, será proceso largo en el que deberán hilar muy fino y al que le quedará por delante un día a día parlamentario altamente inflamable.

El ambiente festivo, de inicio de curso, solía presidir hasta ahora la constitución del Parlamento, en el que los acuerdos para determinar la composición del órgano de gobierno de la cámara se alcanzaban in extremis por los partidos instantes antes de la sesión plenaria. Los nuevos tiempos empiezan, sin embargo, con aires broncos, preludio según muchos de lo que se verá en las sesiones de investidura de Díaz, y con amenaza de impugnación en los tribunales.

Las negociaciones previas resultaron infructuosas por lo que ante la falta de acuerdo tocaba tirar de la estricta interpretación del reglamento de la Cámara, que establece únicamente la paridad de la mesa y la representación de todas las fuerzas parlamentarias. Podemos, Ciudadanos e IU, que intentan no quemar sus aspiraciones en las municipales, se pusieron de perfil y aceptaron que con sus escaños les correspondía un solo puesto. Por tanto, solo presentaron candidato a una vicepresidencia (el primero) y a secretarios de la mesa (los dos últimos), votando en blanco en el resto de rondas.

No ocurrió así en el caso del PP, que desde el inicio de las negociaciones defendió que con sus 33 escaños le correspondía una representación mayor que la de IU (con solo cinco diputados) y equiparable a la del PSOE, que le aventaja en 15. Así, propusieron candidato a la presidencia, que ganó el PSOE; a la vicepresidencia, donde sí obtuvieron un representante, y también a las secretarías. Y fue entonces cuando comenzó la discusión.

Por votos, salía un secretario del PSOE, otro del PP y otro de C’s, pero al tener ya un representante, los populares tuvieron que cederlo a IU, que aún no tenía ninguno. Una interpretación del reglamento que los populares entendieron que no correspondía a la mesa de edad, sino al presidente electo del Parlamento, al tiempo que reclamaron que fuera el PSOE, que contaba en ese momento con tres puestos, quien perdiera ese representante a favor de la coalición de izquierdas, igualando a socialistas y populares con dos representantes y el resto con uno. Comenzó entonces un duro intercambio de reproches y acusaciones de que el PSOE, partido al que pertenecían los integrantes de la mesa de edad, incurría en un «ilícito penal» y «robaba los votos de las urnas».

A la conclusión de la sesión, el PP anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la conformación de la Mesa de la Cámara, reprochando a los socialistas que «atropellaran» el reglamento para «obtener una mayoría ficticia que no le han dado las urnas» y seguir «manejando» el Parlamento a su antojo.