La Fiscalía quiere que el ex interventor declare para rebatir a Chaves y Griñán
Una vez terminada la ronda de declaraciones de los cinco aforados en el caso de los ERE fraudulentos, la Fiscalía del Tribunal Supremo amplió ayer las pesquisas con dos peticiones de interrogatorio al juez que podrían resultar claves para el devenir del procedimiento.
Solicitó la declaración en calidad de imputado del ex interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, con la idea de que rebata los testimonios de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos defendieron ante el juez instructor del Supremo que nunca recibieron un informe de este organismo de control alertándoles de irregularidades en las ayudas sociolaborales que se ejecutaron entre 2000 y 2012.
También reclamó la comparecencia, asimismo en calidad de imputado, del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, sustituto del diputado José Antonio Viera, aforado e imputado en la causa. A esta Consejería pertenece la Dirección General de Trabajo, desde donde se produjo el desvío de una parte de las ayudas. Se estima que unos 140 de los 855 millones presupuestados.
El interrogatorio al interventor general entre 2000 y 2010 se presupone importante. El de Gómez, imputado en la causa ordinaria de Sevilla, fue uno de los testimonios que permitieron a la juez Mercedes Alaya elevar al Supremo la exposición razonada contra los aforados. La razón es que, a diferencia de estos, defiende que sí avisó de las irregularidades del sistema presupuestario.
La pasada semana, tras conocer las declaraciones de Griñán y Chaves, el ex interventor dijo en un comunicado que se basaron en un «cúmulo de invenciones» que él quiere desmontar compareciendo voluntariamente. La conducta de los ex presidentes, a su juicio, fue «una indignidad». De entrada, porque «actúan embozados bajo el inicuo aforamiento tras el que se esconden sin que los aludidos» puedan responder. Pero también porque «es indecente desviar hacia los inferiores la responsabilidad por actos propios».
La estrategia de defensa de Chaves y Griñán se centra en que no actuaron para atajar el fraude porque el interventor no emitió un informe de actuación, es decir, que no llegó hasta el último extremo en sus advertencias.