El Gobierno no modificará el Registro Civil por la presión social
Ministro de Justicia: «Lo que el Ejecutivo hará será abrir al diálogo esta reforma».
El ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La presión social de la calle. La frontal oposición de sindicatos, operadores jurídicos y partidos políticos en pleno año electoral. En definitiva, la falta de consenso ante la inminente puesta en marcha del nuevo Registro Civil, que entregaba su gestión a los registradores en detrimento de la administración de Justicia, una decisión que se percibió como una «privatización encubierta» pese a la resistencia léxica del ministro Rafael Catalá, llevó ayer al Gobierno a dar marcha atrás al plan.
La decisión del Ejecutivo de paralizar la modificación del Registro Civil es de gran calado. Tanto político como material y funcionarial. Hasta el pasado miércoles, el ministro defendió con ahínco su proyecto en el Congreso. Ratificó que el servicio que desde hace 145 años tramita los certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad seguirá siendo «público, gratuito, telemático y mantendrá los puestos de trabajo de los funcionarios que se ocupan de ello», unos 3.500.
Con estas palabras y las versiones que llegaban desde Justicia no quedaban dudas: habría cambio y el calendario de implantación para «desjudicializar» el sistema a favor de los registradores, desde el próximo 15 de julio hasta el 1 de enero de 2017, se mantenía inalterable. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué Catalá ha enmendado su plan en menos de 48 horas? ¿Ha cedido a la presión?
La respuesta a estas cuestiones solo se entiende, en el momento actual, en un contexto político. El Gobierno no quiere generar más conflictos que los que tiene. Ya se vio con la fallida reforma de la ley del aborto y la rectificación de las tasas judiciales. Y abrir otra vía de agua con una reforma judicial sin consenso y con una fuerte oposición sería potencialmente peligroso para sus intereses electorales.
Al final, al ministro no le ha quedado más remedio que recular por una cuestión práctica. Ahora no interesa. Aunque el sorprendente anuncio ayer, a la salida de un acto en el Tribunal Supremo, fue más moderado, apuntando a la falta de consenso. «El Gobierno no va a proponer un modelo que no sea compartido por el conjunto de los agentes. Lo que el Ejecutivo hará será abrir al diálogo esta reforma, que va a seguir promoviendo hasta encontrar una propuesta compartida. En todo caso no van a estar dialogando ‘sine die’», advirtió Catalá.