El Congreso no investigará si los diputados tienen otro sueldo
Sólo se comprobarán los casos que denuncien otros partidos.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su comparecencia de ayer en el Senado.
El Congreso no piensa realizar una investigación de oficio para comprobar si los diputados a los que ha autorizado de forma excepcional a ejercer el pluriempleo cumplen o no con los límites legales que se les impusieron para aprobar la compatibilidad.
La cámara baja nunca ha realizado la más mínima comprobación para saber si los diputados que compatibilizan su puesto con empleos privados remunerados, con otros cargos públicos, con la docencia ocasional o con otras actividades ajenas al escaño, que constituyen el 60% del hemiciclo, cumplen la ley, pero tampoco lo hará ahora, cuando en una semana han surgido varios casos sospechosos de haber sobrepasado la autorización.
El presidente del Congreso, el popular Jesús Posada, lo dejo ayer claro cuando dijo que la Comisión del Estatuto del Diputado, el órgano que autoriza las excepciones a la regla de la «dedicación absoluta» a que obliga la ley, solo analizará los casos dudosos que planteen alguno de los grupos parlamentarios, como el del popular Vicente Martínez-Pujalte. Pero solo esos porque «no vamos a revisar de oficio todas las compatibilidades, por supuesto que no», subrayó.
La razón, en su opinión, es simple. La fe ciega. «La confianza —según Posada— es la idea esencial y nosotros confiamos en que un diputado actúa en consecuencia con lo que propone y le autoriza el Congreso».
De esta forma, ni el presidente del Congreso ni ningún órgano de la cámara comprobará por ahora si los 44 diputados autorizados a ejercer como abogados, empresarios, médicos, economistas, consultores, entre otras actividades, trabajan o tienen vínculos con empresas públicas o que contratan con las distintas administraciones, algo que tienen vedado.
Tampoco revisará si los que además de diputados son alcaldes o concejales cobran por su segundo empleo algo más que dietas. Ni si los docentes o conferenciantes son realmente ocasionales. O si todos ellos declaran todas sus actividades ajenas al escaño, si alguno se prevale de su condición de diputado en sus empleos, o si de verdad sus otras obligaciones le dejan el tiempo suficiente para ejercer de representantes de la voluntad popular.
Tan poca voluntad de fiscalización hay que ni las leyes ni el reglamento del Congreso prevén sanciones para quien incumpla las compatibilidades, porque en 38 años de Cortes democráticas no hay precedente de investigación alguna. Lo reconoció Posada, que sin embargo aseguró que, si se da el caso, los servicios jurídicos de la cámara dirán cómo sancionarlo.
El primer caso que verá la Comisión del Diputado en los próximos días, a petición del PSOE e IU, será el de Vicente Martínez-Pujalte, un diputado autorizado para trabajar como economista y que, según reconoció él mismo, cobró 75.000 euros entre 2008 y 2009 por asesorar a la constructora Collosa, una empresa que habitualemente obtiene contratos de la administración.