El juez no impone la pena máxima al falso shaolín y lo condena a 38 años de cárcel
El magistrado ha tenido en cuenta que Juan Carlos Aguilar carece de antecedentes .

El falso shaolín, Juan Carlos Aguilar, durante una de las sesiones del juicio celebrado en Bilbao.
El magistrado-presidente del tribunal popular encargado de juzgar a Juan Carlos Aguilar, conocido como el falso shaolín y acusado de matar a dos mujeres, no le ha impuesto la pena máxima que recoge el Código Penal para el delito de asesinato. Lo ha condenado a 38 años de prisión, 19 por cada delito, un año menos de los 20 que permite la horquilla legal.
En la sentencia, hecha pública seis días después del veredicto de culpabilidad dictado por el jurado, el juez Manuel Ayo ha «tenido en cuenta» que Aguilar carece de antecedentes penales y que «ha admitido esencialmente los hechos que se le imputaban».
En la primera sesión del juicio, el pasado 17 de abril, el acusado lo reconoció «todo» menos el ensañamiento, según sus propias y escuetas palabras a preguntas del fiscal. Una de las acusaciones particulares y la acción popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, reclamaban además ese agravante en el crimen de la segunda víctima, la nigeriana Maureen Ada Otuya, de 29 años, pero los jurados consideraron que no había quedado acreditado por las pruebas presentadas en la vista oral. A la primera víctima, la colombiana de 40 años Yenny Sofía Revollo, la descuartizó después de matarla «para evitar su identificación», según el fallo, aunque penalmente esta acción tan dolorosa para la familia no tiene un castigo. A Ada la llegó a «estrangular con un cordel provocando una situación de coma» y falleció en el hospital tres días después.
La sentencia recuerda que el ‘sifu’, como lo llamaban sus alumnos de artes marciales, no ha mostrado «ninguna señal de arrepentimiento» y que ambos crímenes son «hechos de extraordinaria gravedad» en los que se ha empleado una «violencia inisual». Las mujeres víctimas «no han tenido la posibilidad de defenderse».
En la práctica, si el juez le hubiera impuesto la pena máxima de 40 años de cárcel no cumpliría más de 25, el límite para estos delitos en la legislación española. De haber sido reconocido el ensañamiento, el límite se hubiera elevado a 30 años.
La sentencia rechaza también la aplicación del artículo 78 del Código Penal, pedido por el abogado de la familia de Ada y la asociación Clara Campoamor, para calcular sobre la pena total y no sobre cada delito a la hora de conceder beneficios penitenciarios, el tercer grado o la libertad condicional, porque el límite máximo de cumplimiento, 25, es superior a la mitad de la pena, 19 años. Una vez de que cumpla una cuarta parte de la pena, si no tiene mala conducta y está clasificado en segundo grado, podría empezar a salir de prisión con permisos siempre que así lo estime el juez de vigilancia penitenciaria, aunque en casos con tanta trascendencia también se tiene en cuenta la alarma social que podría generar.