El asesinato de Ellacuria se juzgará en España
El Supremo da luz verde a la Audiencia Nacional para que se haga cargo de la cuestión al haber víctimas españolas y al entender que el proceso en El Salvador fue un fraude .
El Supremo dio luz verde a la Audiencia Nacional para que juzgue el asesinato de los seis jesuitas españoles en El Salvador en noviembre de 1989. La Sala de lo Penal reconoce la competencia de la jurisdicción de los tribunales españoles para que sigan conociendo estos hechos porque, por un lado, algunas víctimas tenían la nacionalidad española, además de la salvadoreña, y, por otro, hay «indicios suficientes» de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador no garantizó el castigo y persecución efectiva de sus responsables. Es decir, el juicio fue un fraude.
En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala Penal, el magistrado Manuel Marchena, el Supremo entiende que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, puede abrir juicio oral contra los militares procesados por el asesinato de Ignacio Ellacuria, otros cinco sacerdotes jesuitas, la empleada del hogar Julia Elba y la hija de ésta, Celina.
Según la querella, el crimen fue cometido por miembros de un batallón del Ejército salvadoreño siguiendo un plan concebido en el Estado Mayor del Ejército, del que serían responsables el entonces ministro de Defensa Rafael Humberto Larios y otros 19 militares.
El Supremo analiza la aplicación al caso de la reforma de la justicia universal introducida en la Ley Orgánica del Poder Judicial en marzo de 2014, que establece que los delitos a los que se refiere la reforma no serán perseguibles en España si se ha iniciado un procedimiento en el Estado donde se hubiesen cometido los hechos, salvo que dicho Estado, en este caso El Salvador, no esté dispuesto a investigar o no pueda hacerlo.
La sala destaca que existen indicios serios y razonables de que «el proceso penal seguido en El Salvador no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, más bien, su sustracción a la justicia, todo ello acompañado de la ausencia de las garantías necesarias de independencia e imparcialidad».