Rato podrá liberar su patrimonio si paga una fianza civil de 18 millones
El ex vicepresidente económico controla un patrimonio de 24 millones.
El ex presidente del Gobierno, Rodrigo Rato.
Rodrigo Rato tiene ya la fianza civil que había pedido para liberar su patrimonio financiero, bloqueado el pasado 17 de abril por el juez Antonio Serrano-Artal, quien investiga si el que fuera vicepresidente económico del Gobierno utilizó su entramado societario para ocultar a Hacienda tanto sus ingresos como bienes reales. La medida cautelar impuesta por el magistrado alcanza los 18 millones de euros, suma estimable aunque inferior a los 24 millones que controla entre distintas empresas y sus activos.
La decisión se produjo ayer y ahora queda en manos del ex presidente de Caja Madrid y luego Bankia reunir el dinero suficiente en alguna de las formas que prevé la ley: desde un talón hasta un aval bancario o incluso propiedades, que luego habrían de ser tasadas. El problema con el que puede encontrarse es que lo elevado de la fianza -los delitos fiscales a los que puede enfrentarse alcanzarían los 2,5 millones de euros, según las pesquisas preliminares de la inspección fiscal- le obligaría a poner sobre la mesa parte de su patrimonio real, que en la Agencia Tributaria estiman superior a los 27 millones.
El ex político metido a financiero, sin embargo, tratará de mantener la tela de araña societaria que viene tejiendo hace años, partiendo en parte del ‘holding’ de empresas creado por la familia Rato, vendido la década pasada con unos beneficios llamativos pese a arrastrar deudas por más de 30 millones. Tal es lo tupido de la red que se extiende por varios paraísos fiscales, desde Gibraltar hasta las islas británicas del Canal pasando por Panamá, Suiza, Luxemburgo y las Antillas holandesas, entre otros.
El que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional tiene participaciones en sociedades radicales en hasta 14 países, que van desde los 3,2 millones de euros hasta otras minoritarias en el entorno de los 120.000 euros. Eso en el exterior, porque en España su entramado alcanza las 21 sociedades. En media docena aparece directamente como administrador, mientras en el resto figuran en ese cargo familiares directos o personas de su entorno como, por ejemplo, su secretaria personal, Teresa Arellano.
El ex dirigente del PP evita en lo posible aparecer al frente de esas propiedades. Así, su domicilio (un piso de 300 metros cuadrados en el cotizado barrio madrileño de Salamanca) y su despacho profesional (próximo a su vivienda) están en parte a nombre de una firma instrumental. Bajo su titularidad exclusiva sólo figuran parte de una nave en Alcorcón (Madrid) y siete fincas rústicas en Mieres (Asturias).
El bloqueo decretado por el juez afecta a sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y de pensiones, junto a otros productos financieros. Además, en el Registro de la Propiedad se puso un asiento para alertar de que sus bienes están bajo investigación judicial.