Hacienda busca al funcionario que filtró el IRPF de Esperanza Aguirre
La candidata del PP presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Esperanza Aguirre a su llegada a la Fiscalía General del Estado.
Esperanza Aguirre ganó 369.000 euros en 2013 por su labor en la empresa de ‘cazatalentos’ Seeliger&Conde, y otros 5.000 por un premio periodístico sobre asuntos taurinos concedido por un diario de Sevilla. Así consta en su declaración de IRPF hecha pública ayer por el diario digital InfoLibre. Hacienda abrió de inmediato una investigación para descubrir al funcionario que filtró el documento.
La declaración de la renta de la candidata del PP a la alcaldía de Madrid era uno de los temas recurrentes de la campaña de su adversario socialista Antonio Miguel Carmona. Aguirre, sin embargo, nunca ha hecho públicos sus ingresos ni su patrimonio. Es comprensible, por tanto, el enfado de la dirigente popular al ver aireados sus datos fiscales. «Es un delito grave; un atentado a la seguridad jurídica», clamó al presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Antes de que el Ministerio Público se ponga en movimiento, lo hizo la propia Hacienda que anunció a las pocas horas de trascender el IRPF de Aguirre que había abierto una investigación interna para detectar al funcionario que filtró la declaración porque puede existir un delito de «revelación de información tributaria amparada por el deber del sigilo».
Consejo Consultivo
La candidata y ex presidenta de la Comunidad de Madrid, además de ex ministra de Educación y ex presidenta del Senado, consideró que es preocupante que la Agencia Tributaria esté «trufada de gentes que hacen filtraciones» de un candidato «a tres días de unas elecciones». Pero Aguirre enseguida trató de dar la vuelta a la situación y consideró que la divulgación de sus datos, pese a ser un delito, demuestra que no vive del dinero público y que sus ingresos son fruto «exclusivamente» de su trabajo privado y paga en impuestos «más de la mitad» de lo que cobra.
La dirigente del PP dejó de ser presidenta autonómica en septiembre de 2012, y pese a que tenía derecho a ingresar en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid con un sueldo de unos 120.000 euros anuales, del que forman parte sus antecesores el socialista Joaquín Leguina y el popular Alberto Ruiz-Gallardón, optó por no hacerlo. porque sabía que generaría polémica, «como pasa con cualquier cosa que hago o digo».
Subrayó que su declaración de IRPF es «perfecta» y demuestra que no tiene «acciones ni nada», y «al que le pique» que tuviera ingresos muy elevados por ser una ‘cazatalentos’ «pues que se rasque».