El PP será juzgado como responsable civil de la caja B y pagará 1,2 millones de euros de fianza

El Partido Popular se sentará en el banquillo de los acusados por su responsabilidad civil subsidiaria en la existencia y funcionamiento de la caja B de la formación, controlada por los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta desde 1990 hasta al menos 2008. Así lo decretó ayer el juez José de la Mata, sustituto de Pablo Ruz en el Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.

La resolución de 102 folios no se puede recurrir y supone que el PP será juzgado como responsable civil por su «relación de dependencia» con los cabecillas de la contabilidad paralela, los citados Bárcenas y Lapuerta y el ex gerente popular Cristóbal Páez, a los que el juez imputa organización criminal y asociación ilícita entre otros delitos. Estas calificaciones suponen duras penas de hasta diez años de cárcel y fueron reclamadas por al menos dos acusaciones populares.

Para el juez De la Mata, la responsabilidad civil del PP conlleva la imposición de una fianza de 1.245.154 euros, que deberá de depositar en un plazo de diez días desde su notificación si no quiere verse sujeto al embargo de sus bienes, tal y como marca la ley. Esta cantidad se fija para hacer frente a una posible condena y es muy superior a lo que se barruntaba en las resoluciones previas del juez Ruz. La suma procede del dinero que dejó de tributar el partido por el Impuesto de Sociedades de 2008, 220.167 euros, procedente de las donaciones irregulares recibidas en ese curso, unos 880.000 euros. Y la segunda parte, 1.024.987 euros, son del Impuesto de Sociedades de 2007 que no tributó Unifica Servicios Integrales, la empresa que reformó la sede nacional del PP en Madrid.

Este dinero fue defraudado por la complicidad de los administradores de la compañía, los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García, con los tesoreros Bárcenas y Lapuerta y el ex gerente Cristóbal Páez. Así, según el juez, el PP es responsable civil subsidiario de la confabulación de sus trabajadores para eludir al fisco los pagos de la reforma. Y es que un 30% de la obra fue abonada con dinero procedente de la caja B.

En relación con la segunda cantidad de 1,02 millones, el juez sigue la tesis del escrito de acusación de la Abogacía del Estado. Como señala la jurisprudencia del delito fiscal, la responsabilidad civil nacida de este delito no ha de confundirse con la responsabilidad administrativa del pago del tributo. Una sentencia del Supremo aseguró que en caso de una condena al administrador o responsable legal de una persona jurídica (empresa) «no cabe otra solución» que considerar responsable civil subsidiario al segundo.

«Estrategia»

En resumen, la clave por la que el PP irá a juicio, representado en este caso por su asistente legal o abogado y si no lo remedian los recursos aún pendientes ante la Sala Penal, ha sido la «estrategia defraudadora» de sus tesoreros para pagar con la caja B parte de la obra a Unifica a cambio de que esta tributara menos al fisco. Entre Impuesto de Sociedades e IVA, cerca de 1,6 millones entre 2006 y 2010.

Además de estos indicios, el auto recoge otros elementos acusatorios que permiten concluir que los imputados cometieron delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida y delito fiscal. En las cuestiones previas al juicio o en la misma vista oral, prevista para el primer trimestre de 2016, ya se dirimirá la supresión o no de alguno de estos tipos delictivos aportados por las acusaciones personadas.