Imputados tres consejeros del PP por favorecer a la denominada red Púnica
El juez Velasco toca la cúspide política de la trama citando a Figar, Victoria y Ruiz.
Los consejeros de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria y Lucía Figar.
La sombra de sospecha sobre los contratos públicos adjudicados a la trama Púnica se extendió ayer como una mancha de aceite por la moqueta de la Comunidad de Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dio un paso casi definitivo para cerrar la instrucción con la imputación de cinco diputados autonómicos del PP, dos de ellos consejeros de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar y Salvador Victoria, y un tercero de Murcia, Juan Carlos Ruiz, el único que presentó la dimisión. Los otros dos encausados son los parlamentarios regionales madrileños Mario Utrilla y José Miguel Moreno.
El movimiento del magistrado estaba dirigido contra los altos cargos vinculados a la red corrupta de contratos y subvenciones, cuyos tentáculos se extienden por Madrid, Murcia y León. Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, ha tenido que hilar fino con estas imputaciones por la actual situación política. Se trata de políticos aforados hasta la próxima semana, cuando se constituyan las nuevas cámaras legislativas autonómicas. A partir de ese momento perderán esa condición y podrán ser llamados a declarar ante Velasco porque ninguno fue incluido en las listas del PP para las elecciones del pasado 24 de mayo y pasarán a ser ciudadanos de a pie.
El juez, por tanto, ha mirado de reojo el calendario para interrogar a los imputados por delitos relacionados con la corrupción. Entre el próximo 11 y el 26 de junio los acusados pasarán por la Audiencia acompañados de sus abogados para responder por los indicios que apuntan a su presunto trato de favor a empresas de la trama y a sus cabecillas. Para ello, un informe de la Guardia Civil incluido en la parte de la instrucción declarada secreta ha sido definitivo para confirmar su implicación. Este documento se centra en las pesquisas realizadas por la Unidad Central Operativa en los tres últimos meses, al menos.
La fecha no es baladí. La propia Lucia Figar, consejera de Educación durante la etapa de Esperanza Aguirre, primero, y con el presidente madrileño Ignacio González después, anunció el pasado 27 de marzo que abandonaría la política por «razones personales» cuando concluyera la legislatura. Una sorpresa para muchos porque se trataba de un valor emergente e, incluso, llegó a sonar en algún momento como ministra del ramo en sustitución de José Ignacio Wert.
Sin embargo, su imputación ha dejado en palabras mojadas sus «razones personales» porque ya entonces conocía que la UCO rastreaba los contratos de su Consejería. Un aspecto elocuente fue la reacción de su departamento ayer, al asegurar que «están colaborando con la justicia desde hace meses, cuando se remitieron los expedientes completos de los contratos, de unos 1.900 euros mensuales, y la acreditación de los servicios prestados, todo fiscalizado por la Intervención».
No obstante, a Figar, que declarará el viernes 26 junto a su compañero Salvador Victoria, le investigan por contratos por valor de 80.000 euros que su Consejería habría firmado con Madiva, una de las empresas del conseguidor de la trama Alejandro de Pedro, para trabajos de posicionamiento ‘on line’, y con Eico para la elaboración de una página para estudiantes extranjeros llamada ‘www.studyinmadrid.es’.
En el caso de Victoria, número dos de Ignacio González, está relacionado con la labor del ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Éste reclamó presuntamente a Indra, adjudicataria de numerosos contratos, pagos en negro por 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario. Además, una de las trabajadoras del entramado, Esther Gutiérrez, admitió haber concertado a principios de 2014 entre «siete u ocho citas» entre De Pedro y Victoria.