Una trama con 50 acusados y 150 empresas que están bajo sospecha
El juez Velasco investiga las «redes clientelares de tráfico de influencias» constituidas en torno al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza que se hicieron con contratos de hasta cien millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre a prisión por formar parte de una «organización criminal» infiltrada en regiones y ayuntamientos desarticulada con la operación Púnica (nombre científico del granado, Punica granatum, haciendo referencia velada a Granados).
Las pesquisas giraban en torno a los conseguidores Marjaliza y al empresario Alejando de Pedro, y comenzaron en diciembre de 2013, cuando la Fiscalía de Lausanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por blanqueo de capitales. Después se descubrió que tenían cuentas con unos 11 millones de euros, siete en Suiza y cuatro en Singapur.
El pasaso 27 de octubre ambos fueron arrestados por la Guardia Civil junto a 49 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en el entramado. Además de los cien millones de dinero adjudicado por los presuntos cabecillas, se investigan contratos por otros 150 a unas 150 empresas en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales del 2 al 3% del total, según el caso. Posteriormente este dinero era blanqueado a través de sociedades pantalla.
El fraude también estaba en los servicios ‘fantasma’ que las empresas del conseguidor De Pedro realizaban a las diferentes administraciones. De estos 250 millones, según los investigadores, 160 los acaparó Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez para contratos de eficacia energética.
Delegada del Gobierno
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, afirmó ayer que «la imputación no significa que haya delito».
Dancausa ha dicho que, en el caso de los imputados madrileños, «conociendo las citaciones que se han hecho, debe ser el PP de Madrid y el Gobierno de Madrid quien lo estudie y tome las medidas oportunas».
La delegada ha dicho que no se va a «abandonar» la lucha contra la corrupción «sea propia o de otros».