Interior frenó la ‘crisis de los cayucos’ con una riada de millones sin control
El Gobierno ni siquiera pidió a Dakar explicaciones de dónde había acabado el dinero.
¿Cuánto costó frenar la crisis por la llegada masiva de cayucos a las costas de Canarias que comenzó en 2006 y que no terminó de atajarse hasta 2012? ¿Dónde fueron a parar realmente las riadas de millones de euros que los Gobiernos de Rodríguez Zapatero, primero, y luego de Mariano Rajoy entregaron a las autoridades de Mauritania y Senegal, los principales puntos de partidas de las barcazas con destino al archipiélago? Imposible saberlo, a pesar de que aquel dinero no provenía de fondos reservados y, en teoría, debía estar fiscalizado.
Ese dinero pudo acabar perfectamente en los bolsillos de los mandatarios de países africanos. El Tribunal de Cuentas, en un duro informe fechado hace seis semanas y sólo referido a 2012, revela que la Administración no justificó más de 13 millones entregados a las autoridades de Senegal. Es más, que el Ministerio del Interior ni siquiera hizo amago de pedir al Ejecutivo de Dakar explicaciones sobre en qué había empleado esa última remesa millonaria que acabó con la ‘crisis de los cayucos’.
A principios de 2013, el departamento que ya dirigía Jorge Fernández sacó pecho. La inmigración clandestina hacia Canarias prácticamente había desaparecido. Los datos de la presentación de PowerPoint en las pantallas del Ministerio del Interior daban buena cuenta del éxito: de los 31.678 inmigrantes subsaharianos que llegaron a las islas en 2006 se había pasado solo a 173 en 2012.
Detrás de las estadísticas estaba el dinero enviado en «subvenciones directas» a Mauritania y, sobre todo a Senegal. En total, según el Tribunal de Cuentas, Interior entregó en manos a ambos países —y en especial a las autoridades de Dakar— 13.135.000 euros. Fue la partida 16.a, destinada, en teoría, a «sufragar los gastos en que incurren los gobiernos mauritanos y senegalés en el mantenimiento del despliegue de recursos humanos y materiales con el fin de reforzar la vigilancia de la costa y prevenir la inmigración irregular con destino a España».
Deficiencias
Pero nadie comprobó donde iba realmente ese dinero. La concesión de esa subvención —apunta el órgano fiscalizador— preveía que fuera el consejero de Interior de la embajada de España en Dakar el que «valorara las actuaciones y los resultados obtenidos» y que ese alto funcionario también recopilara del Ministerio del Interior senegalés los «documentos justificativos» sobre el combustible de las patrulleras, las dietas de los agentes y «demás gastos». «Sin embargo, los citados informes adolecieron de diversas deficiencias que dificultaron el seguimiento y control de la subvención», afirma el tribunal, que reprocha sin ambages que el Gobierno ni siquiera pidiera esas facturas por valor de más de 13 millones de euros. «El centro gestor en ningún momento solicitó al consejero de Interior la ampliación de la información remitida para poder llevar a cabo las actuaciones de control», apostilla el informe.