Chaves y Zarrías se niegan a dejar el escaño por su imputación en los ERE
Renunciarán a su acta parlamentaria si el Supremo confirma la prevaricación.
Los diputados socialistas Gaspar Zarrías y Manuel Chaves conversan en el Congreso.
Manuel Chaves y Gaspar Zarrías se niegan a dejar sus escaños en el Congreso a pesar del anuncio de la dirección del PSOE de que renunciarían a ellos. Ambos pretenden mantener sus actas parlamentarias hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra la imputación por prevaricación que apreció el juez instructor del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía.
La pesadilla no va a terminar para los socialistas con la facilidad que anhelaban. Parece que el secretario de Organización del PSOE, César Luena, se precipitó al anunciar que Chaves y Zarrías habían puesto a disposición del partido sus actas apenas una hora después de que el juez Alberto Jorge Barreiro emitiera un auto con la imputación de ambos por prevaricación en el caso de los ERE. Fuentes jurídicas ven lógico que mantengan el escaño porque de no hacerlo perderían el aforamiento y no podrían recurrir ante el Tribunal Supremo. Chaves y Zarrías, pasadas 24 horas, no se han dado de baja pese a que se anunció que la renuncia sería inmediata.
Técnicamente, sostienen algunas fuentes en el PSOE, no están imputados. Solo existe, agregan, una exposición razonada del instructor contra la que cabe recurso ante la Sala Segunda del Supremo, que resolverá si la decisión es firme o archiva la causa. Los socialistas recuerdan el caso de José Blanco, que el 7 de junio de 2013 fue imputado en el Supremo por tráfico de influencias en el caso Campeón y solicitó el suplicatorio al Congreso. Blanco no renunció a su escaño, recurrió y la instancia superior del alto tribunal archivó por unanimidad la investigación el 18 de julio de ese mismo año.
La diferencia entre ambas situaciones radica en que entre medias los socialistas han vivido una puja de firmeza contra la corrupción. El código ético del PSOE no habla de renuncias al escaño y señala que solo con la apertura de juicio oral los dirigentes afectados serán expulsados. Pero Pedro Sánchez y la presidenta andaluza Susana Díaz se enzarzaron en un cruce de declaraciones para demostrar quién era más exigente ante los corruptos y ambos coincidieron en que cuando los afectados por el caso de los ERE fueran imputados deberían dejar sus escaños en el Congreso o en el Senado. José Antonio Griñán dejó el suyo en la Cámara alta antes de que el Supremo tomara decisión alguna.
Chaves y Zarrías difundieron ayer un comunicado en el que, además de mostrar su «profunda y total discrepancia» con el escrito del instructor, informaron de la «presentación inminente» de un recurso por parte del que fuera consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía contra la imputación. Hasta que se resuelva esa impugnación, Chaves y Zarrías piden al Supremo que suspenda «la tramitación del suplicatorio» solicitado al Congreso para su interrogatorio. Los socialistas dan por descontado que ambos no acudirán ya al Parlamento, pero temen que solo harán efectiva su renuncia cuando el Supremo responda a su recurso. Ahora falta por saber si Sánchez y la dirección del PSOE permiten esta situación. La ejecutiva socialista se debate entre mantener la firmeza y forzar que ambos dejen sus escaños en el Congreso o permitir que mantengan la condición de parlamentarios hasta que el alto tribunal responda al recurso.