España presenta «graves deficiencias» en atajar la financiación del terrorismo
El Gafi, no obstante, reconoce el éxito para acabar con las finanzas de ETA y los esfuerzos legislativos.
Un suspenso o, a lo sumo, un aprobado raspado, porque no todo son críticas. El Grupo de Acción Financiera (FATF-Gafi), el organismo internacional que supervisa el blanqueo de capitales en el mundo, ha detectado «graves deficiencias» en la lucha de España contra la financiación del terrorismo. En su informe de evaluación sobre el país, denuncia, entre otros aspectos, la falta coordinación con las autoridades internacionales, la levedad de las penas por allegar fondos a las organizaciones armadas y, sobre todo, la falta de control de la industria armamentística nacional y el material de doble uso.
Para el Gafi, el mayor problema de España es que apenas se molesta en saber dónde van las armas que fabrican sus empresas y si éstas acaban en manos de grupos terroristas o de países que pueden entregar ese material a yihadistas. El informe mantiene que «España se enfrenta a un riesgo significativo de financiación (del terrorismo) debido a la amplia gama de material militar y de doble uso controlado fabricado en España». «El sector financiero -denuncian los supervisores- se centra en comprobar las listas de sanciones, pero posee un conocimiento limitado de los riesgos de financiación de la proliferación derivados del material de doble uso o de las posibilidades de eludir sanciones».
Recuerda el Gafi que España solo en 2013 exportó más de 151 millones de euros de material militar de doble uso, es decir que puede ser empleado con propósitos bélicos. De esa partida, se exportaron 21 millones de euros en armas al régimen de Teherán sin que se sepa el destino final de ese material. «España -zanja el informe- está expuesta a un alto riesgo de elusión de sanciones relacionadas con la proliferación (de material de doble uso), especialmente con Irán».
«Preocupación» del Gafi por la posibilidad de que armas ‘made in Spain’ acaben en manos de los terroristas del Estado Islámico o de sus grupos afines, pero también inquietud por la supuesta laxitud de los castigos de la justicia española a los que mueven el dinero de los terroristas. El organismo reconoce el buen trabajo de los tribunales y la policía con ETA y sus tentáculos económicos. Aplaude el «desmantelamiento del aparato de financiación y económico» de la banda terrorista durante la década pasada. Es más, valora positivamente que en España «en todos los casos de terrorismo se realiza una investigación paralela de la financiación» de ese grupo.
Pero cuando habla de las penas a esos financiadores, sobre todo del yihadismo, el tono cambia a un claro reproche. «En general, las sanciones impuestas a personas que financian actividades de terrorismo parecen bajas», dice el informe.
Los fiscalizadores internacionales también aseguran tener «ciertas dudas» sobre la efectividad de estas débiles sanciones «para poner fin a actividades de financiación del terrorismo».
El tercer gran eje de las críticas a la lucha española contra la financiación del terrorismo es la falta de interés de las autoridades del país por sacar partido a las herramientas internacionales que están a su disposición y sobre todo por intercambiar información con sus aliados.