Rajoy no se mueve un ápice y advierte de que hará cumplir la ley
«Estamos otra vez en lo mismo de siempre», aseguraba ayer un portavoz del Gobierno acostumbrado a los envites de Artur Mas durante toda la legislatura. El presidente catalán, sin embargo, plantea su último desafío, una nueva hoja de ruta hacia la independencia a muy pocos meses de las elecciones generales, con el PP en severo retroceso en Cataluña y mientras Mariano Rajoy trata de recuperar a sus votantes abstencionistas de centro, pero también hace guiños a ese electorado tradicional que le exige más contundencia ante la batalla que plantean Convergència y Esquerra. Aún así, al menos de momento, el jefe del Ejecutivo no se mueve ni un ápice de su estrategia, se considere o no suficiente. Cualquier ilegalidad que pretenda cometer Mas, será impugnada, según el Ejecutivo, «sin teatralidad ni aspavientos».
Desde las filas populares, el sector más conservador, encabezado por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, exigió ayer una «evaluación inmediata y rigurosa» de los planes del líder catalán. Desde su plataforma Libres e Iguales aprovechó para reprochar a Rajoy que la actitud que mantuvo en su día ante la consulta del 9N no funcionó. Las elecciones del 27 de septiembre son, a su entender, la prueba de que «la táctica del apaciguamiento, manifestada específica y desalentadoramente ante el 9 de noviembre, no ha servido para lograr la vuelta a la razón política del nacionalismo catalán».
El presidente, sin embargo, se mantiene en la «proporcionalidad» que siempre ha defendido. «El Gobierno hará cumplir las leyes y el PP va a defender la Constitución Española, la soberanía nacional y el derecho de todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país», advirtió Rajoy en el Congreso.
Los servicios jurídicos del Estado escrutarán especialmente el decreto de convocatoria de las elecciones del 27S por si pudiera reflejarse en él la voluntad de convertir la cita en un plebiscito sobre la independencia de Cataluña. En el Ministerio de Justicia se garantiza, además, que si no se respeta «el ordenamiento jurídico», el Gobierno volverá a recurrir ante el Tribunal Constitucional las veces que sea necesario. El ministro Rafael Catalá matiza, en cualquier caso, que no parte de «una desconfianza» de que se vaya a vulnerar la normativa.
Por ahora, el Gobierno enmarca incluso en el ámbito del «lenguaje político» el calificativo de «plebiscitarios» con el que el presidente catalán se refiere a los comicios del 27S. «Son lisa y llanamente unas elecciones autonómicas, eso es lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña y lo que se elige es un parlamento autonómico», zanjó Rajoy, que pidió no entrar en las «maniobras de confusión» de Convergència y Esquerra.