Retoman el recurso previo contra los estatutos
PP y PSOE quieren evitar un choque de legitimidades como el vivido con el Estatut, cuando el Constitucional mutiló un texto ya aprobado en referéndum .
El Congreso aprobó, con el apoyo de PP, PSOE y UPyD y la oposición de IU y los nacionalistas, la reforma que recupera el recurso previo de inconstitucionalidad, pero solo para estatutos de autonomía. Entrará en vigor en septiembre, cuando lo ratifique el Senado.
Esta figura permitirá que el Tribunal Constitucional, si es instado a ello, se pronuncie sobre la legalidad de la reforma de un estatuto aprobada por las Cortes antes de que se convierta en ley y, sobre todo, antes de que sea sometido a referendo en los casos de Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía.
Para ello, una vez aprobado el texto por el Congreso, y antes de su promulgación como ley, se abrirá un plazo de tres días para interponer el recurso previo, que paralizará la publicación o el referendo hasta que el Constitucional dicte sentencia.
La corte debe resolver en seis meses improrrogables. Si no introduce cambios, el texto se convertirá en ley o será plebiscitado. Si el tribunal, por el contrario, declara inconstitucional algún artículo, el Congreso deberá introducir las modificaciones pertinentes para que el texto definitivo pueda convertirse en ley o pasar el referéndum.
Otras impugnaciones
La presentación de recurso previo no impide que con el estatuto ya en vigor se puedan plantear con posterioridad otras impugnaciones de constitucionalidad.
Con la recuperación de la figura, derogada en 1985 por haberse convertido en un arma de la oposición para paralizar la entrada en vigor de muchas leyes, PP y PSOE dicen tratar de evitar un choque de legitimidades como el ocurrido en 2010, cuando el Tribunal Constitucional, por un recurso del PP, derogó 14 artículos del nuevo Estatut catalán que había sido aprobado en referéndum en 2006.
Hasta ahora, el único control posible sobre la legalidad de los estatutos es el recurso ordinario de inconstitucionalidad, que no se puede plantear hasta que el texto ya está en vigor.