Podemos defenderá para el 27-S medidas del nacionalismo radical
Desde su nacimiento Podemos ha renegado del soberanismo y, aunque está a favor del derecho a decidir, sus dirigentes siempre han defendido la integración de Cataluña en España. Pero para cerrar un acuerdo electoral ante el 27-S con fuerzas locales como Iniciativa o Esquerra Unida la formación morada se ha visto obligada a acentuar su flexibilidad hasta el punto de aceptar propuestas que a duras penas casan con su discurso nacional. Así, Cataluña Sí que Puede, la coalición de la que forma parte Podemos, concurrirá a las autonómicas con un programa que presenta una extraña mezcla entre reivindicaciones del nacionalismo radical y otras de la izquierda tradicional, acordes a los planteamientos que Podemos defiende en el resto de España.
En su programa, hecho público ayer, Cataluña Sí que Puede manifiesta su compromiso de aplicar la soberanía popular «para decidirlo todo». Esto incluye, detalla, una consulta acordada con el Gobierno central para que los catalanes puedan expresar sus deseos. La vena nacionalista de la coalición también sale a relucir en su promesa de realizar una auditoría de la deuda de la Generalitat que, según se afirma, se ha generado «por el incumplimiento reiterado de las obligaciones del Estado, así como por el rescate del sistema financiero y de otros grupos o proyectos empresariales». También en el plano económico se apuesta por la creación de una hacienda propia que recaude todos los impuestos de los catalanes y disponga de plena capacidad normativa. En el ámbito lingüístico, el frente de izquierda tampoco se diferencia de las fuerzas secesionistas y propone convertir el catalán en la lengua nacional de una sociedad plurilingüe. También en el idioma vehicular de la educación pública, lo que implicará, señala Cataluña Sí que Puede, desobedecer la ‘ley Wert’ «si es necesario».
La otra gran pata del programa de coalición es la de las políticas sociales. La coalición defiende un plan de rescate ciudadano en sus primeros cien días de Gobierno, la implantación de una renta mínima, aunque no precisa en qué casos, y el acceso a los suministros básicos para todos los ciudadanos.