El Tribunal Supremo tendrá la última palabra para investigar el caso Rato
El instructor de la causa sobre Bankia lo devuelve a un juzgado de Madrid pese al fiscal.
El ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato.
La causa donde se investiga la posible ocultación a Hacienda del patrimonio real de Rodrigo Rato parece quemar en las manos a los jueces. Cinco meses después de que se abrieran las primeras diligencias penales, aún no está claro quién se hará cargo de ellas finalmente.
Y es que el magistrado que instruye el caso Bankia, Fernando Andreu, no quiere asumir esa labor, según dejó claro en un auto hecho público ayer. Sin entrar en otras posibles conexiones -él investiga la polémica salida a bolsa del banco y parte de las operaciones sospechosas de Rato se hicieron mientras lo presidía (2010-2012)-, considera que los delitos puestos sobre la mesa (fraude fiscal y corrupción entre particulares) quedan fuera del ámbito competencial de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, considera que un tercer delito atribuido de forma indiciaria al ex político metido a financiero sí atraería esa competencia por sus ramificaciones en el extranjero. Es el blanqueo de capitales que Rato pudo cometer al recibir en una sociedad con vínculos en Gibraltar, aunque de su propiedad, sendas transferencias por valor de 835.000 euros entre 2011 y 2012, conforme a lo concluido por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) tras sus últimas averiguaciones.
El dinero procedía de otra sociedad controlada por Rato (Albisa Inversiones) y fue abonado por dos empresas de publicidad, Zenith Media y Publicis, que triplicaron su facturación a raíz de los contratos que firmaron con Bankia cuando el ex ministro la presidía. Por eso, Andreu cree que el delito se originaría en España y no en el extranjero.
Jurisprudencia
Así, escudándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo -que dirimirá este conflicto de competencias si los juzgados capitalinos rechazan recuperar el caso-, sostiene que la investigación corresponde al que inició las primeras actuaciones: Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid.