El 9% de los jueces ha sufrido presiones en casos de corrupción
El 67% asegura que reaccionó haciendo caso omiso.
Un momento de un juicio celebrado en Málaga.
El 9% de los jueces y magistrados del orden jurisdiccional penal afirma haber sufrido presiones externas en la tramitación o en el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción, según la VI Encuesta a la Carrera Judicial.
La encuesta ha sido elaborada a petición del Consejo General del Poder Judicial por SigmaDos mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos, lo que supone el 23,8 por ciento de la carrera judicial, informa el CGPJ.
En el apartado del sondeo dirigido a los miembros del orden jurisdiccional penal, de los que dicen haber sufrido presiones en casos de corrupción el 51 por ciento sitúa su origen en los medios de comunicación; el 43% en los políticos y el 26% en particulares.
El 67% asegura que reaccionó haciendo caso omiso de esas presiones, mientras que el 7 % se dirigió al CGPJ, el 14% no contestó a esta cuestión y un 12 % optó por otras soluciones que la encuesta no especifica.
En este apartado de la encuesta se pregunta sobre trece posibles reformas procesales, muchas dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción y la mayoría está a favor de las mismas pero se opone a atribuir la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal.
En concreto, la gran mayoría, el 86%, está a favor de la creación de unidades periciales dependientes de los juzgados con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción. El 79% aboga por la revisión de los privilegios como declarar por escrito o en su despacho que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos y el 66% por sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política.
El 60% se muestra favorable a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica así como a prohibir a los partidos el ejercicio de la acción popular en estos procedimientos.
El 59% apoya que estas causas, incluidas las que afectan a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado.
La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la carrera judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con un juez de garantías, al mostrarse en contra el 52%frente a un 41%