El Gobierno obligará a Mas a cumplir la pena si es condenado por desobediencia
El Gobierno quiso ayer dejar claro que responderá con contundencia a cualquier intento de Artur Mas de desobedecer una sentencia judicial. Soraya Sáenz de Santamaría consideró «una auténtica barbaridad» las declaraciones del presidente de la Generalitat en las que baraja la posibilidad de ignorar una hipotética condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en la actualidad investiga si cometió un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por celebrar la consulta del 9N que la corte había vetado, así como si incurrió en otros ilícitos como prevaricación, malversación u obstrucción a la justicia para hacer posible esa votación soberanista.
La vicepresidenta le avisó de que «el Gobierno hará que respete la ley y que acate y cumpla las decisiones de los tribunales», que en caso de condena le inhabilitarían para ejercer un cargo público por un período de seis meses a 18 años, según los delitos que le achacasen y las penas que le impusiesen.
Sáenz de Santamaría aprovechó para decir que, después de oírle, está más justificada que nunca la reforma exprés del Constitucional emprendida por el PP en solitario, y que otorga a la corte la prerrogativa de incluso suspender en el cargo a la autoridad que rechace cumplir sus sentencias.
La número dos del Ejecutivo considera que el problema es que el presidente catalán cree que «la democracia es él» por lo que «está pasando por encima de los pilares básicos de cualquier democracia que se precie», sin recordar que todos los españoles «están sometidos a la ley y a las resoluciones y sentencias de los jueces».
Mientras la vicepresidenta le mandaba este recado personal, el ministro de Justicia adelantaba que el Gobierno está dispuesto a utilizar toda la artillería legal en su mano si los inpedendentistas intentan declarar la ruptura unilateral con España. «Si llegase el momento, habría que aplicar» el artículo 155 de la Constitución, el precepto que permite al Ejecutivo suspender la autonomía con la autorización de la mayoría absoluta del Senado.
Rafael Catalá dijo con mayor claridad que nunca que este instrumento excepcional está entre las previsiones del Gobierno para responder a un intento de secesión.