El Gobierno apunta la «responsabilidad política» del president en el caso 3%

En la sala de prensa de La Moncloa, donde la vicepresidenta explica cada viernes las decisiones adoptadas en Consejo de Ministros, hace cuatro años que Soraya Sáenz de Santamaría estableció sus propias normas: no pronunciarse nunca sobre los asuntos espinosos del PP y mantener una distancia prudencial con las investigaciones judiciales abiertas. El caso del 3% de Convergència se convirtió ayer, sin embargo, en una excepción.

La número dos de Rajoy se permitió valorar la hipótesis de que se confirmen las comisiones que habría cobrado la formación catalana a cambio de conceder adjudicaciones, y señaló incluso la responsabilidad, «al menos política», que podría tener Artur Mas ante el escándalo desatado. La presión sobre el líder de Convergencia se ha intensificado. «Cuando se envuelve en la política para no asumir responsabilidades se está presentando como víctima, y aquí la única víctima es el conjunto del sistema y el conjunto de los ciudadanos», proclamó.

En el Ejecutivo no se consiente que Mas vaya proclamando a los cuatro vientos aquello de que es objeto de persecución en una operación orquestada por el Estado para hacer daño a su formación. De ahí que Sáenz de Santamaría le niegue el estatus de pieza de «caza mayor» que, a su juicio, pretende explotar. En La Moncloa entienden que si hace años el líder de Convergència se aferró al proyecto independentista para hacer frente al desgaste por su gestión en la Generalitat, ahora trata de denunciar un montaje contra él cuando está en el aire su reelección como presidente catalán.

Sus constantes declaraciones le parecen a la vicepresidenta «impropias en cualquier gobernante político» y la portavoz exige a Mas que respete tanto al poder judicial como a los ciudadanos.