El juez abre otra investigación acerca de la financiación del PP
Castro pide a Rajoy datos sobre la reforma de la sede nacional del partido.
Sorpresa en el caso Son Espases, en el que se investiga un presunto amaño en la adjudicación de la construcción del hospital de Palma por un presupuesto inicial de 780 millones de euros, la mayor obra pública jamás emprendida en el archipiélago. El juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, acaba de abrir en ese sumario una investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP nacional, al sospechar que ese mega concurso fallido llevó aparejado el pago de comisiones a los populares baleares que terminaron en manos del partido en Madrid en forma de trabajos para la reforma de la sede de la formación en el número 13 de la calle Génova de la capital de España.
Castro, sin que haya mediado petición previa de la Fiscalía Anticorrupción, dictó ayer una providencia en la que requiere a Mariano Rajoy, se dirige a la «presidencia nacional del Partido Popular», a que «en el tiempo más breve posible» aporte una «relación de las obras de remodelación que se hayan llevado a cabo en la sede de PP de la calle Génova número 13 de Madrid durante los años 2002 al 2010, las empresas contratadas y subcontratadas que las hayan realizado y las facturas originales que acrediten su pago». En su resolución, de apenas unas líneas, el instructor no explica por qué pide esta documentación al PP. No obstante, según fuentes del caso, el magistrado sospecha que la constructora OHL, a la que iba a ser adjudicada la faraónica obra, pudo pagar el favor con comisiones que gestionó el entonces tesorero del PP balear, Fernando Areal, cuñado de Jaume Matas, quien terminó por desviar el dinero a las obras de remodelación del edificio de Madrid.
La orden
Matas, según diversas fuentes, intenta llegar a un acuerdo con la Fiscalía para confesar que la licitación adjudicada a OHL fue una «orden directa de Madrid». La decisión de Castro de investigar las cuentas del PP viene también provocada por la confesión en esta causa del ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien aseguró que el Gobierno de Matas exigió hasta nueve millones de euros por la adjudicación del hospital. Según De Santos, el Ejecutivo autonómico, con la aquiescencia del PP nacional, solía reclamar ‘mordidas’ del 3% del importe de las obras.
El pasado 29 de julio, Castro ya imputó en el ‘caso Son Espases’ a Matas junto a otras siete personas, entre ellas el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, por prevaricación continuada, falsedad documental y fraude a la administración pública en la adjudicación del complejo sanitario.