Nueve detenidos del anarcoterrorismo
A los arrestados por los Mossos la Audiencia Nacional les atribuye la preparación de varios actos terroristas con explosivos de fabricación casera entre 2012 y 2013 .
Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a nueve personas por su presunta relación con los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), a los que atribuyen la preparación de actos terroristas con explosivos caseros, en una operación en la que se han registrado ocho locales y viviendas okupadas.
Según han informado fuentes policiales, la operación es la segunda fase de la llamada investigación Pandora, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez y que el pasado mes de diciembre comportó la detención de once personas en Madrid, Barcelona, Manresa y Sabadell (Barcelona), que desde hace meses se encuentran en libertad con cargos.
A los detenidos se les acusa de estar vinculados por los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), a los que la Audiencia Nacional atribuye la preparación de varios actos terroristas con explosivos de fabricación casera, entre los años 2012 y 2013. Los agentes han detenido a los siete presuntos integrantes de los GAC en viviendas okupadas de Manresa y Barcelona y, posteriormente, han registrado esos domicilios, así como otros locales autogestionados relacionados presuntamente con el anarcoterrorismo, entre ellos el Ateneu de Sants y el Casal La Revoltosa de Barcelona.
Como en la primera fase de la operación, que ha movilizado a numerosos efectivos de antidisturbios y unidades de operaciones especiales de los Mossos d’Esquadra, los agentes se han incautado de documentación diversa y archivos informáticos que serán analizados para probar la relación de los detenidos con el terrorismo anarquista.
Los nueve tenidos pasarán mañana a disposición del juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González, que según fuentes jurídicas atribuye a los detenidos acciones de tipo «anarquista insurreccionista».
En la primera fase de la operación Pandora, en diciembre, los Mossos d’Esquadra detuvieron a once personas, siete de las cuales ingresaron en prisión por orden del juez instructor pero quedaron en libertad tras pagar la fianza de 3.000 euros que les impuso el magistrado Javier Gómez Bermúdez.