La nueva juez del caso ERE abre diligencias contra Chaves y Griñán
El auto que inicia el procedimiento atribuye una posible prevaricación continuada a los ex presidentes andaluces.
La parte más política de la trama de los ERE, esa en la que según la instrucción pudo haber una decisión de las más altas instancias gubernamentales andaluzas para implantar un sistema de ayudas irregular pero que permitía la discrecionalidad y saltarse los controles de fiscalización, será de las primeras en llegar a juicio. La nueva juez instructora, María Núñez Bolaños, acordó ayer reunir en una pieza separada de la macrocausa al grueso de los altos cargos de la Junta de Andalucía e iniciar así unas nuevas diligencias previas por un delito continuado de prevaricación, una forma de compartimentar y agilizar un procedimiento que acumula cientos de miles de folios de sumario y más de 260 imputados.
La parte del procedimiento específico, que es como se la denomina, es una de las líneas más avanzadas de investigación en estos cinco años y se ajusta, por lo tanto, a los criterios del Tribunal Supremo acerca de la división en piezas «no sólo en cuanto a la posibilidad de su enjuiciamiento separado sino en cuanto a la calificación jurídica de los hechos». Así, en esta subtrama se ha tomado declaración a todos los imputados, 52 personas, ya sea en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla o en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con aquellos que en su momento estaban aforados, como los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán o seis ex consejeros autonómicos de Economía, Hacienda, Innovación o Empleo.
Junto a ellos se encuentran imputados en esta pieza un vicepresidente, otros dos consejeros, nueve viceconsejeros, seis directores generales, once secretarios generales, cinco directores generales del IFA o la Agencia Idea, tres directores de finanzas de estos organismos, dos interventores, dos presidentes de organismos tecnológicos, un jefe de la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía y dos presidentes de cajas de ahorros, en su condición de miembros del consejo rector de IFA o la Agencia Idea.
Según el auto hecho público ayer, la magistrada analizará la participación activa y consciente de estos ex altos cargos públicos en el diseño de un procedimiento inadecuado para el pago de ayudas, las conocidas como transferencias de financiación. El uso de esta herramienta, usada habitualmente para compensar cuentas de los entes autónomos, permitió que hasta 850 millones de euros de fondos públicos se saltaran los pasos habituales de concurrencia y publicidad para la concesión de subvenciones y además eludieran procedimientos de control.
Un modelo que fue aprobado en 2001 y se prorrogó hasta 2010.