El juez investiga si se usaron ficheros públicos para la convocatoria del 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) citó ayer a declarar para el próximo jueves 21 de enero a dos técnicos de una empresa contratada por la Generalitat para realizar gestiones informáticas de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, según una providencia del magistrado instructor, Joan Manuel Abril.

El juez de la Sala Civil y Penal aceptó la petición de la Fiscalía de citar a estos dos testigos y otras diligencias encaminadas a esclarecer si se usaron ficheros públicos con datos personales para esta consulta, por la que están siendo investigados el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; la consellera de Enseñanza en funciones, Irene Rigau, y la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, después de que se admitiera una querella de la Fiscalía, a cuya causa luego se sumo como acusación popular el pseudosindicato de funcionarios Manos Limpias. El TSJC busca saber hasta qué punto la Administración catalana mantuvo un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación de la consulta soberanista del 9-N pese a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, por unanimidad de sus magistrados, cinco días antes.

Por otra parte, la Generalitat presentó ayer un recurso contra la reforma de ley aprobada en septiembre con los únicos votos del PP que permite por primera vez que el Constitucional sancione a quien incumple sus resoluciones o sentencias con multas de hasta 30.000 euros e, incluso, con la suspensión temporal de los responsables públicos.