La doctrina Botín, la última tabla de salvación de la infanta Cristina

¿Seguirá sentada la infanta Cristina en el banquillo más allá de las cuestiones previas que comienzan este lunes? ¿Le aplicará la Audiencia Provincial de Palma la doctrina del Supremo que impide procesar a nadie sin la acusación de la Fiscalía? Cualquier respuesta a estas preguntas es pura especulación porque las tres jueces de la Sección Primera son una auténtica tumba. La única certeza es que la última oportunidad de la hermana de Felipe VI de quedarse fuera del caso Nóos pasa por la aplicación de la doctrina Botín, buscando inhabilitar a Manos Limpias, la única parte que acusa a la infanta. Una jurisprudencia que, como todo en Derecho es interpretable, avisan desde los tribunales palmesanos.

Miguel Roca y Jesús María Silva, los abogados de Cristina de Borbón, desde luego van a echar el resto para convencer al tribunal en la sesión de cuestiones previas de la obligatoriedad de la aplicación de la doctrina Botín, pero el debate va a ser intenso pues la cuestión jurídica es «muy muy densa», advierten los expertos.

La exculpatoria doctrina Botín, insisten los expertos, sería aplicable a la colaboración en la comisión de los dos delitos fiscales de los que el instructor José Castro acusó en su día a la infanta por haber usado, en compañía de su esposo, la empresa de ambos, Aizoon, para cargar los trabajos «personalísimos» de asesoría a multinacionales de Iñaki Urdangarín a fin de pagar menos impuestos. Según Hacienda, en 2007 Aizoon ingresó 645.453 euros y en 2008 fueron 494.156, pero en realidad la única actividad de la empresa relacionada con su objeto social, el inmobiliario, fue la del alquiler de unos locales por un valor que ningún año superó los 30.000 euros.

Con estas premisas sacar a la infanta del proceso sería coser y cantar. «Pero en los tribunales nada es tan fácil», explica un destacado jurista del caso Nóos. De hecho, la aplicación de la doctrina Botín para la infanta tiene una complicación: ambos casos no son idénticos. Así lo advirtió, la propia Audiencia Provincial de Palma el 7 de noviembre de 2014, en al auto en el que el tribunal dio luz verde a Castro a sentar a la infanta por sendos delitos fiscales, aunque no por blanqueo.

Castro, a su vez, el 22 de diciembre de 2014 en el auto de apertura de juicio oral, también insistió en que no es aplicable la doctrina del Supremo para la infanta.

Al final, dos visiones contrapuestas. Un debate jurídico de calado. Y toda una hermana del rey pendiente de ahorrarse 171 días como imputada gracias a las piruetas judiciales del fallecido Emilio Botín.