La Generalitat se dispone a elaborar las leyes de ruptura con España que prohibió el TC
Carles Puigdemont quiere cerrar una reunión con el futuro presidente del Gobierno central si hay investidura.
Puigdemont, en la reunión semanal del ejecutivo catalán.
Los grupos de Junts pel Sí y la CUP trabajan ya codo con codo en el Parlamento catalán con vistas a allanar el camino hacia la independencia. Entre la tarea ingente que tienen por delante en los como mínimo 18 próximos meses, está la creación de las leyes de la hacienda propia, la seguridad social y el proceso constituyente, que deberían ser los pilares fundamentales de la hipotética república catalana.
El compromiso suscrito entre las dos fuerzas secesionistas, según recoge la declaración de ruptura anulada por el Tribunal Constitucional, es «iniciar en el término de 30 días (a partir de la constitución del nuevo Gobierno) la tramitación» de estos proyectos legislativos.
Aunque el cumplimiento de la resolución independentista supondría desobedecer una sentencia del Constitucional, lo que puede provocar un choque inevitable entre las instituciones del Estado y las catalanas, la Generalitat mostró ayer su intención de seguir adelante con las leyes prohibidas de las estructuras de estado. «Nuestra voluntad es cumplir los plazos, nos ponemos a trabajar de manera inmediata», afirmó la consejera de la Presidencia, Neus Munté.
Tensiones
El desafío catalán puede entrar en las próximas semanas en la fase de mayor tensión y enfrentamiento con el Estado —justo cuando en España hay un Gobierno en funciones y pocas posibilidades de investidura— pues la resolución suspendida por el Constitucional, y que Carles Puigdemont pretende aplicar, insta al Gobierno catalán a no obedecer más que a las normas emanadas del Parlamento autonómico. Si siguieran adelante e iniciaran la tramitación de las normas, sus impulsores se expondrían a duras multas (hasta 30.000 euros) e incluso a ser supendidos temporalmente en sus cargos por el tribunal, y a ser encausados por desobediencia. El Ejecutivo autonómico, en cualquier caso, avisa desde hace días que no busca el choque de trenes y que, por ejemplo, el trabajo de redacción de una constitución catalana podría iniciarse a través de la sociedad civil, fuera del Parlamento, aunque al mismo tiempo afirma que no renunciará a nada.