Diario de León

La dirección del PP se distancia de la ex presidenta Esperanza Aguirre

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La dirección nacional del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, marcó ayer distancias con Esperanza Aguirre 24 horas después del registro de la sede de los populares madrileños en el marco de una investigación por presunta financiación ilegal. Según la presidenta del partido en Madrid, nadie de la cúpula le había telefoneado ayer y el jefe del Ejecutivo en funciones se mostró tibio en su pronunciamiento sobre su compañera de filas.

«No tengo nada que decir», respondió Rajoy en la rueda de prensa tras su reunión con el secretario general del PSOE al ser preguntado por la conveniencia de que Aguirre dé un paso atrás y dimita. «No se puede condenar a la gente sin saber de qué se le acusa», insistió pese a que la dirigente madrileña, como tuvo que precisar inmediatamente, «no tiene ninguna acusación sobre nada».

La presidenta regional del partido estaba llamada a comparecer ayer ante la comisión de investigación sobre corrupción política que se celebra en la Asamblea de Madrid. Fue en los pasillos de entrada a la sala en los que Aguirre confesó sentirse respaldada, «cómo no», por la dirección nacional, aunque fuentes del PP señalan en privado la responsabilidad política de la presidenta, cuando algunos de sus ex consejeros están siendo investigados en la operación Púnica, y después de que el ex gerente regional de la formación, Beltrán Gutiérrez, recibiera el jueves en su despacho la visita de la Guardia Civil para inspeccionar su ordenador.

Su desconocimiento de lo que pasaba a su alrededor fue, de hecho, el principal reproche formulado por la oposición en la Asamblea. «Es imposible que no sepa nada», sentenció la diputada socialista Encarnación Moya en sintonía con el representante de Ciudadanos, César Zafra.

Aguirre advirtió, sin embargo, de que la corrupción «está destrozando a todos» los partidos, defendió que en 33 años en política ha nombrado a 500 cargos y que sólo dos le han salido «rana», y asumió que, a pesar de los controles en la adjudicación de contratos, habrá cometido «muchos errores» al haber manejado «más de 200.000 millones de euros».

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