Hacienda cree que Rato ocultó su capital en empresas
El ex político insiste al juez en que todas sus operaciones fueron «legítimas».
Rodrigo Rato a su salida de los juzgados. paco campos
j. a. bravo | madrid
La causa abierta contra Rodrigo Rato para desentrañar cuál es su patrimonio real y si ha ocultado parte del mismo a Hacienda parece haber vuelto a sus orígenes, es decir, a averiguar cuánto del mismo le correspondería a él y cuánto sería realmente de procedencia familiar. Este último argumento fue el que defendió el ex ministro de Economía el pasado 6 de octubre y ayer lo volvió a reiterar en su tercera comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal.
En esta ocasión su interrogatorio se centró en una de las piezas del caso que sigue secreta, y donde según fuentes jurídicas se indagan los vínculos del imperio empresarial que llegó a tener la familia Rato con los movimientos de capitales del ex político en los últimos años, sobre todo tras haber dirigido el FMI y también haber presidido Bankia (y antes Caja Madrid). Sobre ello también se tomó declaración a otras cinco personas: tres en calidad de investigadas por delitos de blanqueo y fraude fiscal -incluido su asesor tributario, Domingo Plazas-, y otras dos como testigos.
En los 10 meses que duran ya las pesquisas judiciales, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) ha descubierto distintos indicios de cómo el ex político usaba a su familia como posibles testaferros, tanto propia (hijos y hermanos) como política (de su ex esposa Ángeles Alarcó), además de a sus colaboradores de más confianza (secretaria personal, abogado, asesor fiscal, gestor…), para ocultar tanto sus ingresos reales, como su procedencia y su destino final. Un ejemplo es la compañía Naviera del Pilar, donde Rato -que ayer insistió en que sus operaciones fueron «licitas» y «legítimas»- es socio de su hermana María de los Ángeles y de su cuñada Felicidad Salazar-Simpson.
En la Onif estiman que ésta y otras empresas familiares de los Rato han podido servir, como «práctica habitual», para «generar bases imponibles negativas con las que luego deducirse» los impuestos correspondientes. Para ello, añade, se servirían del «deterioro de deudas generadas antes de forma ficticia».
Rato, al ser preguntado por la Fiscalía Anticorrupción sobre estos extremos, se escudó en la actuación de terceros.