Doce empresarios esquivan el caso ERE al prescribir el delito
Todos ellos fueron implicados una década después de recibir ayudas públicas irregulares.
Cecilia Cuerdo | Sevilla
La dilatada instrucción del caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía ha provocado que parte de la causa empiece a desinflarse por prescripción de los delitos, tal y como alertaron en varias ocasiones desde la Fiscalía a la Audiencia Provincial. Los primeros que verán cómo sus conductas quedan impunes serán doce empresarios de la Sierra Norte de Sevilla que se beneficiaron de ayudas en algunos casos sin pedirlas siquiera y cuyas diligencias quedarán sobreseídas al haber transcurrido más de una década desde que recibieron los fondos públicos, en ningún caso más de 450.000 euros.
La juez instructora María Nuñez Bolaños prepara ya el auto de sobreseimiento sobre estos doce empresarios, según explicaron ayer fuentes judiciales. La decisión, que supone de facto una enmienda a la instrucción desarrollada por su antecesora Mercedes Alaya, responde a la petición que la Fiscalía Anticorrupción formuló en marzo de 2015. Fue en esas fechas cuando se conoció que los doce empresarios quedaban imputados (o investigados según la nueva terminología) por ayudas irregulares recibidas hace más de 10 años, según se desprendía del atestado que la Guardia Civil acababa de remitir al juzgado.
En dicho documento, los agentes apuntaban que las ayudas se concedieron en muchas ocasiones sin contar con «documentación justificativa de proyecto alguno para el destino de la ayuda» o sin estar siquiera al corriente de los pagos de sus obligaciones tributarias.