Dos constructores confiesan haber financiado al PPCV para evitar la cárcel

mateo balín | madrid

Enrique Ortiz no es un empresario cualquiera en la Comunidad Valenciana. El dueño de la constructora Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, del Grupo Cívica, muy presente sobre todo en Alicante, ha sido uno de los hombres más beneficiado por obra pública durante los años de ‘vacas gordas’. Ahora se ha convertido en el primer empresario que reconoce ante un juez pagos para la financiación irregular de un partido, en su caso el PP de la Comunidad Valenciana.

Ex presidente del Hércules Club de Fútbol e imputado en dos piezas del caso Brugal, la trama de los servicios de basuras en municipios del sur de Alicante, por la que se enfrenta a 17 años de cárcel, Ortiz es el prototipo de empresario cuyo silencio sirvió de parapeto para muchos de los procesados en la ramificación del caso de Francisco Correa en Valencia. En concreto, en la pieza de la supuesta financiación irregular del PP valenciano durante la presidencia de Francisco Camps, unos hechos que la Audiencia Nacional llevó a juicio oral en febrero.

Sin embargo, pocos acusados se podían imaginar que Ortiz, este prohombre de la burbuja inmobiliaria, iba a confesar sus pecados ante el juez. Un cambio radical de estrategia con respecto a la fase de instrucción, donde no ofreció colaboración alguna. Pero como suele ocurrir entre los investigados por corrupción que tienen ante sí un ‘Everest procesal’, decidió cambiar de idea ante la inminencia del momento de la verdad, el juicio oral con una petición de cuatro años de prisión.

En un escrito de sólo tres hojas conocido ayer, pero que fue remitido el martes a la Audiencia Nacional, Ortiz y su número dos en la empresa, el también procesado José Francisco Beviá, confesaron haber financiado de forma irregular al PPCV para la organización de la campaña de las elecciones generales de 2008. Solicitaron, además, que se les rebaje sustancialmente la pena pedida por las acusaciones al haber reconocido los hechos. Se trata del primer caso de un empresario del caso Francisco Correa que confiesa los hechos para evitar la cárcel.

Ortiz y Beviá mostraron su conformidad con los indicios descritos por Anticorrupción y el PSOE de la Comunidad Valenciana, personado como acusación popular, y reconocieron haber abonado 348.115 euros a los populares con ocasión de aquella campaña. Admitieron que Orange Market elaboró facturas fraudulentas que suponían la prestación de servicios por parte de su compañía para dar cobertura «formal» a las entregas.