La moción de ruptura se encamina al TC
El Gobierno central ha ordenado a la Abogacía del Estado «analizar» el texto .
c. reino | barcelona
El Gobierno central puso ayer en marcha toda la maquinaria del Estado con vistas a impugnar ante el Tribunal Constitucional la moción de ruptura que el jueves aprobó el Parlamento catalán con los votos de Junts pel Sí y la CUP.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el Ministerio de Justicia ya ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que «analice» el contenido del texto, sus efectos y sus posibles consecuencias. La moción aprobada reitera el compromiso de la Cámara catalana con la declaración independentista del 9-N, que fue anulada por el Constitucional. Por ello, el Gobierno podría presentar un incidente de ejecución de sentencia por incumplimiento del fallo del Constitucional, que tumbó dicha resolución del 9-N.
El Gobierno señaló además que está estudiando la ponencia del Parlamento catalán sobre la ley de régimen jurídico, una de las tres leyes de «desconexión» previstas en la hoja de ruta soberanista, por si cree conveniente llevarla ante el Tribunal Constitucional. El día de la investidura de Carles Puigdemont, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le advirtió de que no estaba dispuesto a dejarle pasar ni una. En los últimos meses, ha llevado al Constitucional la declaración del 9-N, la comisión de estudio del proceso constituyente y la consejería de Exteriores.
Desde el Ejecutivo catalán, la consejera de Presidencia, Neus Munté, criticó el «tono amenazante» del Gobierno central. «La moción es una declaración política, no sorprende la estrategia amenazadora del Ejecutivo para coartar la libertad de expresión de la Cámara catalana», dijo Munté.